La justicia boliviana, subordinada al poder político, ha vuelto a demostrar sus carencias y desvíos con un proceso judicial que para la mayoría de los juristas independientes y para organismos internacionales, se ha desarrollado al margen de la Constitución Política del Estado y las leyes, y bajo prejuicios y presunciones sobre un supuesto golpe de Estado. En esas condiciones se ha llegado a una sentencia condenatoria para una expresidenta del Estado que ha sido sometida a un proceso penal en la justicia ordinaria, cuando de acuerdo a su investidura, le correspondía un Juicio de Responsabilidades. La señora Jeanine Áñez llegó a la primera magistratura del país como consecuencia de la sucesión presidencial prevista en la Constitución, cuando se genera un vacío de poder.
Todo se desarrolla cuando el entonces Presidente Evo Morales renunció y lo mismo hizo el Vicepresidente García Linera. Igualmente quedaron acéfalas las presidencias del Senado y de la Cámara de diputados, también por renuncias. Es más, Evo Morales y sus colaboradores inmediatos, entre ellos ministros y parlamentarios abandonaron el país y pidieron asilo en México y otros países. En esas circunstancias, la Vicepresidente del Senado en ejercicio, Jeanine Áñez asumió la Presidencia del Senado y como consecuencia era la única autoridad en la cadena de la sucesión presidencial. Esos son los hechos históricos.
Pero el MAS inventó un supuesto golpe de Estado sobre el que se basaron los dos juicios contra la expresidenta Áñez y varios militares. Para que exista un golpe de estado tiene que haber una toma del poder por la fuerza derrocando a un gobierno constituido. Eso no sucedió. Si hubiesen hechos que sean punibles en el ejercicio de sus funciones, como dice el fallo que la condenó a 10 años de prisión, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones Contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, le correspondía un Juicio de Responsabilidades, que no se realizó, simplemente porque el MAS no cuenta en los votos suficientes en la Asamblea Legislativa para imponer decisiones de esta naturaleza. Desconocer la legalidad de la sucesión presidencial significaría también que todos los actos de la Presidencia de la señora Áñez carecen de legalidad, y fue esa presidencia la que convocó a elecciones generales por las que Luis Arce es el actual Presidente del país.
Por otra parte, tanto juristas como políticos y diferentes entidades han observado el proceso por la vulneración de los derechos humanos y constitucionales de la expresidenta, así como omisión del debido proceso, además de haberse pasado por alto el principio de la presunción de la inocencia. Se ha dividido el proceso en dos juicios, el primero se denominó «Golpe de Estado I», por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y en «Golpe de Estado II», por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. El primero se estancó por la falta de fundamentos legales y por observaciones de organismos internaciones. La causa «Golpe de Estado II», asumió la existencia de un «golpe de Estado». Es la primera vez en la historia nacional que se juzga a una persona que ejerció la Presidencia Constitucional del país, por la justicia ordinaria.
La agilidad con la que se desarrolló el juicio ha sido también notable, en una justicia que tradicionalmente es lenta, morosa, y en la que en la mayoría de los casos que atiende existe retardación. Algunos medios de comunicación anticiparon que extrañamente se estaba apretando el acelerador en esta causa, y naturalmente una situación así da pie para preguntarse por qué no se observa tanta diligencia en otras causas, donde impera la tradicional pesadez. El 7 de abril se inició el caso Golpe II, el acelerador usado no dio tiempo ni para leer la sentencia completa y solamente se conoció el tenor de las penas impuestas. Junto a la señora Áñez fueron condenados a diez años de reclusión el excomandante en Jefe de las FF.AA. Williams Kaliman y el Comandante de la Policía Jury Calderón. También fueron sentenciados a penas menores el exinspector general de las Fuerzas Armadas Jorge Elmer Fernández Toranzo, el excomandante de las Fuerzas Armadas Sergio Orellana, el excomandante del Ejército Pastor Mendieta y el exjefe de Estado Mayor Flavio Arce.
Pese a tratarse de un tema judicial, su alto componente político hace que se generen reacciones de diversa naturaleza. La oposición protesta por el manejo político de la justicia, y el oficialismo considera que las penalidades debieron ser mayores. La defensa de la expresidenta Áñez anunció que apelará el fallo, pero como se sabe, el más alto tribunal de justicia del país está compuesto por magistrados que llegaron a esa situación gracias al MAS. Con ese antecedente, el tratamiento que dé a una demanda es previsible. Este juicio se enmarca en la subordinación de la justicia, demostrando que esa dependencia raya en la consideración de que una sentencia puede oscilar entre la ley y la política, hecho que, a su vez, quedaría al margen de los fundamentos y principios del concepto justicia.