Una turba mató ayer a pedradas a dos presuntos ladrones en una pequeña ciudad de Bolivia, el segundo linchamiento que se conoce esta semana en el país, por lo que las autoridades advierten que actuarán contra quienes apliquen por su cuenta la justicia.
El suceso ocurrió en la población de Uncía, de unos 24.00 habitantes, en la región suroccidental de Potosí, informó la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
El hecho sucedió en la mañana de ayer a pesar de la presencia de la Policía y de un funcionario de la Defensoría del Pueblo para intentar que no se linchara a estas dos personas, una de ellas menor de edad, según un comunicado de esta entidad.
«Pese a la intervención de efectivos policiales que actuaron en esos momentos, personas enardecidas lograron evacuar de las oficinas judiciales a las víctimas quienes estaban acusadas de robo», relató la Defensoría.
El coordinador defensorial de la cercana localidad de Llallagua, Gabriel Colque, también fue víctima de las pedradas y «salvó su vida» resguardándose en una unidad militar, según el boletín.
«La Defensoría invoca a las autoridades llamadas por ley a realizar una investigación efectiva sobre las muertes y determinar las responsabilidades que correspondan», señaló.
Además, remarcó que no se confunda la justicia comunitaria, avalada por la Constitución de Bolivia, con esta clase de linchamientos que acaban con la vida de las personas.
El lunes pasado, un brasileño murió ahorcado en un árbol en plena plaza de otra localidad boliviana, San Julián, en el oriente del país, linchado cuando supuestamente iba a cobrar una deuda a una pareja de bolivianos que a su vez lo acusó a gritos de ladrón.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Policía Bolivia, Nelson Mejía, advirtió que trabajan con audios, imágenes y testimonios de ese hecho para dar con la «verdad».
El mando policial enfatizó que nadie puede hacer justicia por su propia mano y que los responsables de esas muertes pueden ir a la cárcel.
Quienes cometen los linchamientos se suelen justificar en la justicia comunitaria, pero las autoridades han explicado reiteradas veces que ese sistema judicial no admite castigos brutales ni la pena de muerte.
Arce pide rápida investigación y sanción
Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió una rápida investigación y sanción para los responsables de dar muerte a ciudadanos en las poblaciones de San Julián, Santa Cruz, y Uncía, Potosí, hechos ocurridos en las últimas 24 horas, y deploró que se haga justicia por mano propia.
«Cómo Nación no podemos tolerar y permitir que se haga justicia por mano propia violando el más sagrado de los derechos como es el Derecho a la vida Los casos San Julián y Uncía deben ser rápidamente investigados y los responsables sancionados drásticamente», escribió Arce en su cuenta en Twitter.
El martes, pobladores del municipio oriental de San Julián, asesinaron y colgaron a un súbdito brasileño, acusado por intentar realizar un cobro a una persona a mano armada.
Igualmente, ayer comunarios de la población de Sacaca, norte del departamento de Potosí, victimaron a dos jóvenes de 19, y 17 años de edad, quienes robaron un vehículo a uno de los pobladores.