La comunidad universitaria se manifestó ayer en varias ciudades de Bolivia en demanda de justicia por la muerte de un estudiante en una manifestación, al calificar de «imposible» la versión oficial de que una canica disparada por un manifestante fue la causa del fallecimiento y no la acción policial, pero a la vez exigieron la atención presupuestaria de parte del gobierno central a las universidades públicas.
Un comité de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde estudiaba el joven Jonathan Quispe, fallecido el pasado jueves, convocó una marcha entre esta ciudad y la vecina La Paz para pedir «justicia» y la dimisión del ministro de Gobierno, Carlos Romero.
A la protesta se sumaron la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, asociaciones de derechos humanos y de médicos contrarias al Gobierno de Evo Morales.
«El Gobierno siempre anda con sus mentiras, tenemos las pruebas, las imágenes. Se ha demostrado con las verdaderas imágenes», señaló a Efe Iván Risueño, ejecutivo de la carrera de Comunicación Social de la UPEA, que cursaba el joven fallecido.
La dirección de la universidad mostró cuatro vídeos para desmentir la versión oficial del ministro, quien mantiene que la muerte estuvo provocada por los propios manifestantes.
En los vídeos no se observa el momento del impacto de la canica, aunque sí al muchacho y a otros de sus compañeros enfrentándose a la Policía Boliviana.
«Se probó científicamente después que era imposible que eso ocurra, que la canica venía de un rifle que usa el Ejército y la Policía para reprimir», subrayó a Efe Fernando Romero, ejecutivo del sindicato médico de La Paz.
Romero denunció que «este es un Gobierno criminal, un Gobierno dictador que está usando la represión de forma muy violenta, matando a jóvenes que piden por su universidad».
Los médicos marcharon junto a la UPEA y la UMSA, así como asociaciones de derechos humanos, al grito de «no fue una canica, fue la Policía», «Evo, asesino» o «de pie, nunca de rodillas».
«Esta lucha no va a parar hasta que este Gobierno indique quién es el culpable de esta muerte. Vamos a mantener hasta que tengamos el responsable, hasta que se vaya el ministro», agregó Romero.
La manifestación incluyó el bloqueo de avenidas estratégicas como las que comunican El Alto con La Paz y el aeropuerto internacional que comparten ambas ciudades.
Mientras, los estudiantes, administrativos y docentes marcharon de manera masiva en las ciudades de Santa Cruz, Sucre, Tarija, Potosí, Cochabamba y Oruro.
En la mayoría de las manifestaciones no se registraron percances, con excepción de las medidas de presión asumidas en Oruro y Cochabamba.
Desmanes y al menos seis arrestados
El subcomandante departamental de la Policía, Freddy Betancur, informó que la movilización de los estudiantes de la Universidad Técnica de Oruro, (UTO), en protesta por el fallecimiento del estudiante, Jonathan Quispe, culminó con desmanes y al menos seis arrestados.
«Lamentamos la actitud de estos universitarios, porque la conducta que demuestran ya es de vandalismo, parecen pandilleros, ustedes han visto que la Policía ha sido muy pasiva; pero provocaron e intentaron ingresar a la Gobernación con violencia, es nuestro deber cuidar los bienes públicos y privados», indicó.
Denunció que los universitarios de Oruro utilizaron, piedras, canicas, petardos y otros elementos explosivos para intentar entrar a la Gobernación.
La marcha, que fue encabezada por autoridades universitarias y docentes, llegó a la plaza «10 de Febrero», de la ciudad de Oruro, en respuesta a la convocatoria a una movilización del sistema nacional universidades, exigiendo justicia para el universitario fallecido de la Universidad de El Alto.
Betancur informó que la Policía movilizó unos 150 efectivos para brindar seguridad en la ciudad de Oruro, porque «ellos (los universitarios) indicaron que iba a ser una manifestación pacífica, pero fue lo contrario».
Antes de protagonizar un enfrentamiento con la Policía, el ejecutivo del Centro de Estudiantes de la carrera de Comunicación de la UTO, Darwin Chacón, explicó que los estudiantes piden «el esclarecimiento del asesinato del universitario de la UPEA y que los responsables sean sometidos a procesos y sancionados».
Tras la mediación de las autoridades de la UTO, cerca de las 14h00 fueron liberados los seis universitarios arrestados; cuatro de la carrera de Derecho, uno de Medicina y uno de Ingeniería de Minas, según fuentes de la universidad.
Violencia en Cochabamba
En el caso de Cochabamba la violencia se desató en la plaza principal, donde los universitarios lanzaron piedras y otros elementos en contra de los uniformados que resguardaban las instalaciones públicas.
Ante esa acción, los policías respondieron con gases lacrimógenos logrando dispersar a los estudiantes.
Al menos dos policías resultaron heridos y nueve estudiantes fueron detenidos.
El rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Juan Ríos, condenó la violencia y aseguró que hubo infiltrados en la movilización.
«No venimos a enfrentarnos con la Policía, eso no está bien, esta marcha no es (en defensa del referendo de) 21 de febrero, es una marcha en rechazo del crimen que ha sido objeto el universitario Jonathan Quispe de El Alto, además en demanda de un mayor presupuesto, se infiltraron en este movimiento totalmente pacífico», sostuvo.
En Sucre, la FUL pidió la renuncia del ministro Romero y del Comandante General de la Policía por burlarse de la comunidad universitaria. El dirigente Sergio Padilla dijo que el repudio es general a la forma como fue muerto el estudiante.
Desde Potosí, el periodista Dilver Soria informó que los universitarios salieron a las calles exigiendo un mayor presupuesto porque ya no quieren más pérdida de vidas humanas. El rector Roberto Bohórquez manifestó que necesitan atención presupuestaria y ratificó que continuarán en estado de emergencia.
En Tarija, los estudiantes de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho protagonizaron una marcha en protesta por la muerte de Jonathan. El rector de Universidad Juan Misael Saracho, Gonzalo Gandarillas, reportó que existe un déficit que supera los 90 millones de bolivianos tras el doble aguinaldo decretado por el Gobierno nacional.
El Gobierno de Morales, por su parte, denuncia que la muerte del estudiante se utiliza con «fines políticos» para desgastarlo.