El gobierno está demorando la adopción de medidas destinadas a la reactivación económica, y contrariamente, ya ha asumido algunas determinaciones aisladas que pueden agravar los riesgos sobre la precaria estabilidad actual. Organismos internacionales, así como las organizaciones del empresariado nacional, han recomendado medidas urgentes para que se pueda salir de la crisis provocada por la secuela de la pandemia del coronavirus. Los empresarios privados advierten que la crisis económica empeora y falta un plan de reactivación. Proponen la urgencia de un plan de salvataje y diálogo al Gobierno.
El BID, por ejemplo, considera que en América Latina y el Caribe, todos los gobiernos de la región tendrán que poner en marcha programas de reforma fiscal con un ritmo preciso para la gestión del gasto y los impuestos si pretenden evitar la próxima crisis fiscal. El gobierno actual debería meditar sobre estas recomendaciones que son puntuales frente a la crisis actual. El análisis publicado por el BID advierte que la deuda promedio podría ascender a casi el 80% del PIB a finales de 2022, un incremento aterrador en comparación con su promedio anterior a la crisis de 58%. El análisis del Departamento de Investigaciones del BID-IDEA, elaborado por Alejandro Izquierdo y Carola Pessino, sostiene que la sostenibilidad fiscal está claramente en juego y se necesita con urgencia una reforma fiscal que incluya cambios significativos en las políticas tributarias y de gasto público. Estas son esenciales para revertir el deterioro fiscal, promover el crecimiento, mejorar la equidad y prevenir la próxima crisis fiscal.
Recomienda, entre otras medidas, la reasignación del gasto público. Hace notar que los gobiernos carecen de organismos que puedan evaluar la eficiencia del gasto público para reasignar, al menos parcialmente, los recursos a sectores con mayor rentabilidad social. En esa línea, el BID identifica tres áreas que merecen ser exploradas: 1) malgasto en la adquisición pública de bienes y servicios 2) salarios excesivos a los trabajadores del sector público en relación con los del sector privado, y 3) filtraciones en las transferencias sociales. Las ineficiencias en estos tres ámbitos son importantes y con lo que el potencial de ahorro puede llegar a casi 4,4% del PIB, que podría destinarse a gastos que favorezcan el crecimiento. Estas estimaciones de ineficiencia técnica en el gasto público, así como las estrategias para hacerle frente también han sido recientemente enfatizadas por otras organizaciones internacionales como el FMI.
En el caso de los fondos de pensiones señala que su sostenibilidad se ha visto amenazada, y que las medidas recientes que permiten el retiro de ahorros de pensiones sin una perspectiva de reembolso al sistema, no han hecho más que agravar el problema. En lugar de esas líneas recomienda reducir los impuestos laborales, aumentando con ello las contrataciones y reduciendo la informalidad, y por el otro, las reducciones de aranceles a las importaciones de bienes de capital para fomentar la inversión privada.
El análisis advierte que «podría resultar tentador aumentar los impuestos (tasas o creación de nuevos impuestos), pero esto podría ser difícil de lograr, y en algunos casos, incluso resultaría contraproducente. Aumentar impuestos tiene un multiplicador fiscal negativo en la producción. Sin embargo, puede ser posible aumentar los impuestos en los países de baja presión fiscal». (Bolivia se encuentra entre los países con alta presión fiscal, en promedio el porcentaje impositivo es uno de los más altos de la región). Otro problema relacionado que recomienda afrontar es el alto grado de informalidad, que se ha exacerbado con la pandemia, y señala que es una de las razones del bajo esfuerzo fiscal. Explica que el simple aumento de las tasas impositivas puede dar lugar a una mayor informalidad y a mayores ineficiencias. Recomienda más bien, centrarse en las estructuras impositivas y de subsidios, junto con un cumplimiento más riguroso, buscando reducir los incentivos a la informalidad. Una forma útil de impulsar la formalidad es a través de programas que premien el empleo formal, como el Crédito por Ingreso del Trabajo (CIT), especialmente para los grupos de bajos ingresos.
Finalmente, en sintonía con las recomendaciones del acuerdo de París, sugiere que «podría ser oportuno y beneficioso gravar con impuestos al carbono para combatir el cambio climático. La región tiene un amplio margen de maniobra para aumentar los impuestos sobre los combustibles (o, en su defecto, disminuir las subvenciones) en un contexto de precios del petróleo relativamente bajos». Los servicios digitales también pueden ser gravados. Estos servicios han experimentado un aumento de la demanda, pero su tributación es baja. Solo unos pocos países, como Argentina, Chile y Ecuador, actualmente gravan las plataformas digitales. En Bolivia, ya se encuentra en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que regula el pago de impuestos a los servicios digitales.