En este mismo sector de opinión de connacionales, el Dr. Javier Albarracín manifestó que la «mano alargada» del Gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, que efectuó toques impúdicos a una mujer, le iba a significar la repulsa no solo de las mujeres sino de todos los bolivianos». Pidió se procese, en la vía penal, en forma inmediata al sujeto.
En efecto, se informó que hace tres días la agraviada presentó denuncia penal para que se convoque al «manoseador» exigiendo que renuncie al cargo público en señal de obediencia que ante «la Ley todos somos iguales».
La ciudadana es una mujer que dijo pertenecer al Sindicato de Comerciantes Gremiales de Sucre y que el Gobernador fue invitado para que «realce la posesión» de la nueva mesa directiva del ente gremial.
Las redes sociales se encargaron de hacer circular los toques impúdicos del «sin nombre» con sombrero, ofendiendo la dignidad de dicha mujer, pues Esteban Urquizu como si fuera el mandamás de los tiempos quechuas y de los patrones de antes del «Proceso de Cambio», creyó, posiblemente, que dicha comerciante sería sumisa para tocar una y otra vez su nalga.
Lo lamentable es que el fiscal general del Estado, del «Proceso de Cambio», Juan Lanchipa Ponce, no haya determinado que algún Fiscal en forma inmediata se haga cargo de la investigación como director funcional.
Pasaron dos semanas del hecho y no se convocó al sujeto procesal, lo cual demuestra que el Ministerio Público solo sirve para hacer detener a los opositores al régimen.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia se pronunció exigiendo la inmediata destitución del Gobernador para que en igualdad de condiciones y oportunidades jurídico-legales asuma defensa y no efectúe tráfico de influencias en razón del cargo que ostenta.
El «Miramal», como lo denominan en Sucre, tendrá que ser sancionado con una pena de ocho años de cárcel –como planteó el abogado de la víctima-, además debe pagar daños y perjuicios ocasionados a la comerciante gremial, que ante millones de personas se visualizó en las redes sociales los toques que constituyen delito flagrante.
El abogado de la denunciante expresó que el Gobernador Urquizu debe renunciar, pidió que diputados y senadores del MAS, ante constancia del delito flagrante, verificado en las redes sociales, se pronuncien para que el pueblo sepa qué posición adoptan cuando se trata de individuos políticos del partido gobernante que agravian el honor, dignidad, trabajo, de los derechos humanos, de las personas.