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jueves, junio 30, 2022
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Uruguay y Costa Rica lideran la lucha contra la corrupción en América Latina

Uruguay y Costa Rica son los países de América Latina con mayor capacidad para identificar y castigar la corrupción, según un informe publicado este miércoles que dibuja un «panorama heterogéneo» en la lucha contra los abusos de la gestión pública en la región y destaca retrocesos en México y Brasil.

Los últimos tres países del ránking latinoamericano elaborado por el laboratorio de ideas Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultora Control Risks son Guatemala, Bolivia y Venezuela, en las mismas posiciones que ocupaban en el listado de 2021.

Esta es la cuarta edición de un estudio que puntúa a los Estados en función de variables como la independencia de sus instituciones judiciales, la influencia del periodismo de investigación y los recursos dedicados a combatir la corrupción.

A pesar de una caída de casi el 5 % en su puntuación global, Uruguay volvió a ocupar la primera posición del índice, que ha mantenido desde 2020.

La puntuación del país (un 7,42 sobre 10) desciende este año en aspectos como la eficacia de sus organismos anticorrupción y los recursos disponibles, pero aun así supera la media regional en todas las variables analizadas gracias a sus «instituciones independientes, su activa sociedad civil y sus sólidas credenciales democráticas», recalca el informe.

«Culturalmente, Uruguay tiene algunas diferencias con otros países de América Latina. Se percibe que la sociedad uruguaya es mucho más combativa con la corrupción», señaló a Efe Silvana Amaya, analista sénior de Control Risks.

Costa Rica (7,11) registró un crecimiento general del 10 % con respecto al año anterior, superando a Chile (6,88) por primera vez en el ránking. El país experimentó una «mejora moderada» tanto en la categoría de «capacidad legal» contra la corrupción como en la de «democracia e instituciones políticas».

La República Dominicana fue el país que vio la mayor mejora en su puntuación (5,19) y registra una trayectoria ascendente en los dos últimos años.

«República Dominicana es un caso de éxito que nos ha llamado mucho la atención», subraya Amaya, que detalla que el acceso público a la información y la transparencia del Gobierno han mejorado particularmente en el país.

Argentina, en cambio, ha visto su puntuación reducida en un 2 %, hasta una nota global de 5,04, y cae hasta la sexta posición debido al retroceso en cuando a la independencia y eficiencia de sus organismos anticorrupción.

México y Brasil siguen cayendo

Colombia y Ecuador se ubican por debajo del 5 (tienen notas de 4,87 y 4,82, respectivamente), mientras que los autores del informe destacan la caída del 22 % que ha registrado Brasil (4,76) desde la primera edición del índice, en 2019.

A pesar de que «los retrocesos de los últimos años no han revertido totalmente las décadas de fortalecimiento institucional», la puntuación respecto a la capacidad legal de Brasil para combatir la corrupción ha perdido un 8 % respecto a 2021.

«La sociedad civil (brasileña) ha sido mucho menos activa en buscar que el Gobierno presente mayores herramientas para luchar contra la corrupción», puntualizó Amaya.

México (4,05) experimentó retrocesos en todas las categorías analizadas, pero el descenso más pronunciado se produjo en la de «democracia e instituciones políticas», lo que refleja los «esfuerzos percibidos por parte del poder ejecutivo para interferir en los asuntos legislativos y judiciales».

El informe alerta de que el Gobierno de México «planea eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual afectaría a los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción».

Guatemala (3,38), Bolivia (2,57) y Venezuela (1,63), que cierran el ránking, comparten problemas con la «independencia judicial», afirmó Amaya, que destaca la «dificultad con el acceso a la información» en Venezuela.

El informe, subraya la analista de Control Risks, no pretende «avergonzar» a los gobiernos, sino «identificar dónde se están haciendo mayores esfuerzos para que los países puedan compartir buenas prácticas, viendo, por ejemplo, que en Chile y Uruguay se están haciendo las cosas bien».

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