Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa más grande de nuestro país, que maneja uno de los principales patrimonios de todos los bolivianos, como son los hidrocarburos, ha sido tomada como botín político por los gobiernos de turno. Hoy está en crisis por una pésima administración, por las imprevisiones en reponer reservas en los últimos 14 años, así como por la caída de los precios del petróleo y el gas.
Hasta ahora no hay un informe que explique qué se hizo con más de 70 mil millones de dólares que generó la exportación de gas natural.
La Asamblea Legislativa, oficialistas y opositores, no fiscalizaron el destino de esos recursos por lo que deben ser enjuiciados para sentar un precedente histórico
La falta de transparencia durante el régimen del MAS ha dado lugar a una serie de delitos en YPFB con la adjudicación de contratos, al extremo que uno de ellos derivó en la muerte de un empresario. El gobierno de transición recibió una empresa petrolera altamente contaminada políticamente y por la corrupción, y no ha podido hasta ahora establecer la transparencia que las normas determinan para su manejo productivo y de administración. En los últimos años, YPFB ha disminuido la publicación de información estadística sobre la gestión productiva e institucional. Todos estos aspectos generan dudas y susceptibilidades sobre la situación de la empresa.
Desgraciadamente los esfuerzos por lograr una administración eficiente y alejada de la opacidad, ha encontrado muchos obstáculos, y el gobierno transitorio no ha podido establecer una ruta de cambio. YPFB, en el último año, también registró una serie de irregularidades que derivaron en la sustitución de tres presidentes. El último en dejar el cargo fue Richard Botello por problemas de salud, y en su lugar asumió Katya Diederich Kuscevic. Se trata de la primera mujer que dirigirá la petrolera estatal, y que ha desempeñado otros altos cargos en las subsidiarias de YPFB.
El primero en ejercer el cargo en este gobierno transitorio fue José Luis Rivero, quien renunció después de efectuar polémicas declaraciones relacionadas con una supuesta quiebra económica de la petrolera estatal. Luego se designó a Herland Soliz, en diciembre de 2019, y dejó el cargo luego de ser imputado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes. Se observó la contratación de una póliza de seguros por más de Bs. 49 millones, que finalmente fue anulada. También se observaron contratos para actividades hidrocarburíferas, administrativas de bienes y servicios, durante la emergencia sanitaria.
Katya Diederich Kuscevic, al asumir la presidencia de YPFB dijo que lo urgente es garantizar el abastecimiento de combustibles en el país, en coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). En los últimos días se registraron largas filas de vehículos en los surtidores de la sede de gobierno. Algunos no atendieron por demora en el reabastecimiento. No se explicaron las causas, y se atribuyó a la susceptibilidad que está generando un mayor flujo de llenado de tanques de automotores por la proximidad de las elecciones y el temor a conflictos. En los últimos meses hubo suministro irregular de diésel en todo el país. Los funcionarios, aseguraron que YPFB garantiza el normal abastecimiento de combustibles, pero los hechos muestras deficiencias.
Anteriormente, la Fundación Jubileo, elaboró un estudio sobre la «Situación de la Transparencia y Acceso a Información en el Sector Hidrocarburos», en el que observaba el incumplimiento de dicha norma. El análisis identificó nueve normas, entre leyes y decretos del Nivel Central, referentes a la transparencia y el acceso a la información, que no se cumplen estrictamente y en algunos casos son transgredidas. El documento de Fundación Jubileo hace referencia a la Ley 3740, que establece que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debe publicar semestralmente toda la información referida a los costos recuperados y al cálculo realizado para la determinación de la participación de YPFB y de las empresas petroleras en los beneficios de la actividad de hidrocarburos. También, el nivel de reservas certificadas cada 31 de marzo. Sin embargo, el estudio hace notar que estas responsabilidades han sido incumplidas por parte de las exautoridades de YPFB, ante una actitud silenciosa y cómplice de la Asamblea Legislativa, que omitió su función de fiscalizar. Durante la actual administración se decidió pedir informes de gestión a sabiendas que ya se irán repudiados por el pueblo.
En qué se invirtió semejante fortuna, los candidatos del MAS (a la presidencia, vicepresidencia, a las cámaras alta y baja) están en la obligación de informar al pueblo toda vez que desde el año 2005 se recibió multimillonarias sumas de dólares por la venta de gas a Brasil, Argentina, Paraguay.
Lo anecdotario es que Argentina revende a Chile parte del gas adquirido de Bolivia.
Por eso, Argentina que adquiere gas de Bolivia a precio «político» ínfimo y revende con millonarias ganancias a Chile, se esmera en que el expresidente del MAS imparta instructivas violando el derecho de asilo y del refugiado, en la creencia que el candidato digitado por Morales, gane y le prosiga enviando gas a precio de «gallina muerta».