9.2 C
La Paz
jueves, marzo 28, 2024
InicioOpiniónEditorialVenezuela, urge inmediata solución

Venezuela, urge inmediata solución

Pocas veces la Organización de Naciones Unidas, ha emitido un informe escalofriante como el de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Una cifra «aterradora» de muertes, 5.287 solo en 2018, atribuidas a la «resistencia a la autoridad». Violaciones de los derechos sociales, civiles, económicos y políticos. Violencia y abusos policiales y una migración sin freno, es el resultado de deterioro en ese país, de acuerdo al informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena, Michelle Bachelet. A ello se suman la escasez de alimentos, medicamentos, agua, energía eléctrica y otras carencias que sufre la población.

En el informe se revela que en los últimos 18 meses se han producido hasta 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales. La gran mayoría de esas muertes fueron cometidas por las fuerzas de seguridad, una proporción «sorprendentemente elevada», dijo la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que recientemente visitó Venezuela. El organismo de la ONU pide al Gobierno de Nicolás Maduro «adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones». Lamenta que esta situación, de continuar, ahondará el éxodo de ciudadanos venezolanos. El gobierno de Maduro rechazó las conclusiones de la ONU y expuso una serie de observaciones efectuadas por la Cancillería, entre las que atribuye al informe «una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena».

Pero Bachelet argumenta que su informe se basó en 558 entrevistas con víctimas y testigos directos, y que muchos informes provienen del gobierno venezolano. Asimismo, señala que en Venezuela se «ha desmontado el sistema de control institucional sobre el Poder Ejecutivo». A la crisis de la separación de poderes se añade una emergencia económica que el informe atribuye abiertamente no solo a la imparable hiperinflación sino también a «las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década», que han acabado por debilitar los sistemas de producción.

El informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos fue elaborado después de la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio. En el informe, Bachelet hace notar que «los grupos armados civiles progubernamentales, conocidos como colectivos, han contribuido al deterioro de la situación al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones». Como consecuencia de esta situación, la dependencia de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que atribuye la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por «resistencia a la autoridad». También destaca que «entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores», según Bachelet. Además hay 793 personas arbitrariamente privadas de libertad.

Venezuela atraviesa, además, una grave crisis económica, agravada por un embargo petrolero y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para intentar sacar del poder a Maduro. «El gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas» explica el texto. La situación de Venezuela tiene que servir de ejemplo para todo el continente, de manera que los pueblos latinoamericanos asuman medidas de protección y salvaguarda de la democracia.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

MÁS LEÍDAS

- Publicidad -