Un grupo de víctimas de las dictaduras militares en Bolivia entre 1964 y 1982 protestaron este miércoles en las calles de La Paz exigiendo una reunión con el Gobierno de Luis Arce para que puedan revisar los casos que fueron excluidos en un proyecto de ley sobre resarcimiento.
Una veintena de personas, todos de la tercera edad, sacaron sus sillas y sus carteles de una carpa que está en El Prado, en La Paz, que establecieron hace 10 años para cortar el paso de los vehículos y exigir al ministro de Justicia, Iván Lima, una reunión para que tome en cuenta a todos los familiares o las víctimas de las dictaduras en el país.
La presidenta de la Plataforma de Sobrevivientes de las Dictaduras, Victoria López, manifestó a Efe que la Asamblea Legislativa está tratando un proyecto de ley sobre resarcimiento que solamente beneficia al 10 % de las víctimas.
«La gran mayoría estamos descalificados por un proceso malísimo en el que han descalificado a la mayor parte de los compañeros, por eso pedimos la revisión de los expedientes que han sido descalificado», indicó López.
Detalló que solo estarían beneficiados alrededor de 1.714 personas con el proyecto de ley de al menos 6.000 víctimas de la dictadura, por lo que solo beneficiaría al 10 % y no están de acuerdo.
«No han evaluado correctamente los expedientes y nos han pedido presentar pruebas que no se pueden conseguir, cómo podemos presentar un salvoconducto o un certificado médico forense», sostuvo.
López manifestó que pidieron en reiteradas ocasiones reuniones con Lima y con el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, pero que no han tenido respuesta alguna, por lo que ahora determinaron bloquear las calles hasta que los reciban e, incluso, radicalizar sus medidas de presión.
Testimonios
«Por qué tiene que haber víctimas de primera y segunda clase en nuestro país», cuestionó José Murillo, uno de los familiares de las víctimas de las dictaduras.
Murillo sostuvo que el Gobierno pone más atención a las víctimas de Sacaba, en la central Cochabamba, y Senkata en la ciudad de El Alto, en la crisis de 2019 tras las fallidas elecciones y no es de la misma forma con las víctimas de las dictaduras que se encuentran al frente del Ministerio de Justicia en vigilia permanente por 10 años.
«Sufrieron torturas, exilio, encarcelamiento, masacres, persecución política y solo queremos lo justo, que el Gobierno cumpla con su obligación», indicó Murillo.
Por su parte, Zenobia Chura, de 83 años, sacó su bandera de Bolivia exigiendo el resarcimiento que le deben por la muerte y tortura de su esposo en el tiempo de las dictaduras.
«Estamos exigiendo nuestros derechos, nuestra lucha, nosotros hemos traído la democracia, por nosotros hay democracia», subrayó a Efe Chura.
De la misma forma Javier Huallpa, de 90 años, salió a las calles con paso lento y con fotografías del tiempo de las dictaduras en Bolivia en el que en una ocasión le torturaron y le golpearon con la culata de la pistola y a raíz de esa situación perdió la audición de un oído.
Se cree que durante el periodo 1964-1982 las dictaduras militares dejaron 1.392 personas asesinadas, 486 desaparecidos y 2.469 exiliados, según datos elevados por el jesuita español Federico Aguiló y que son cifras de referencia para la investigación.
La Comisión de la Verdad, que se encargó de investigar los hechos suscitados en las dictaduras militares, recibió alrededor de 6.117 expedientes con declaraciones de víctimas y el año pasado el presidente Luis Arce recibió el informe final de su indagación.