Una marcha encabezada por familiares de las víctimas de los sucesos de Sacaba y Senkata durante la crisis de 2019 reclamó este viernes en puertas de la Fiscalía y los tribunales de justicia de La Paz avances en esa investigación.
La protesta, también conformada por activistas y funcionarios públicos, recorrió una parte del centro de la ciudad centre exigencias para que políticos como el expresidente Carlos Mesa, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el exalcalde de La Paz Luis Revilla y el empresario opositor Samuel Doria Medina sean incorporados al proceso.
«Tenemos un año y nueve meses de investigación» y «sólo» hay cuatro excomandantes militares a los que se ha sometido a un proceso por las muertes en Senkata y a algunos policías que tienen «detención domiciliaria» por las muertes de Sacaba, declaró a Efe el activista de derechos humanos David Inca.
En aquellos sucesos murieron una veintena de civiles en enfrentamientos entre manifestantes con el Ejército y la Policía días después de que Jeanine Áñez asumiera la Presidencia interina del país tras la renuncia de Evo Morales.
A juicio de Inca, también debería comparecer ante la justicia la mayoría de los colaboradores de la expresidenta interina que firmaron un decreto supremo que libraba de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad y que han salido del país.
«Nuestro actuar aquí es una queja de las víctimas ante la institución» judicial, recalcó.
El activista mencionó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estableció vulneraciones a los derechos humanos durante la crisis de 2019, y que ha llamado «masacre» a los sucesos de Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto, da un «parámetro de verdad» para establecer quiénes y qué instituciones han participado en esos sucesos.
Pedido de familiares de fallecidos
«Estos fiscales incapaces no son capaces de capturar a Fernando Camacho, Carlos Mesa, Doria Medina y Revilla», manifestó a Efe María Condori, la madre de Ruddy Vásquez, un joven de 23 años que murió como producto de un «impacto de bala en la frente».
«Mi hijo era un deportista y un estudiante, tenía una vida por delante, eso es lo que más me duele», dijo la mujer entre sollozos y que señaló también a Áñez como una de las principales responsables de esos sucesos.
La exmandataria está desde hace casi seis meses en una cárcel de La Paz bajo acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración en el caso llamado «golpe de Estado», por hechos anteriores a su Administración.
En ese caso también está acusado Camacho, aunque la Fiscalía no ha tomado acciones contra el gobernador cruceño.
Esta semana, el Parlamento recibió de la Fiscalía la proposición acusatoria contra Áñez para el inicio del juicio de responsabilidades por la muerte de civiles en Sacaba y Senkata, que dependerá de la aprobación por 2/3, una cantidad todavía insuficiente para el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Al respecto, Inca mencionó que en caso de que el Parlamento no dé vía al juicio contra Áñez, se recurrirá a instancias internacionales para conseguir justicia.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, en la crisis de 2019 fallecieron 37 personas, 27 en los sucesos de Sacaba, Senkata y la zona sur de La Paz y una decena de sectores opositores al expresidente Evo Morales.