Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) emitió su informe sobre el Panorama Social de América Latina 2021, en el que refleja el impacto social de la crisis actual a la que califica «sin precedentes». Señala que los efectos de la pandemia por coronavirus se han extendido a todos los ámbitos de la vida humana, alterando la manera en que nos relacionamos, paralizando las economías y generando cambios profundos en las sociedades.
Se trata de un informe que pone a la vista los principales problemas que deben ser encarados sin demora por los gobiernos, porque de acuerdo a los datos de la CEPAL la pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles. Por ello, es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región.
Evidentemente, la crisis afectó a Bolivia de múltiple manera, porque además, exacerbó las tensiones políticas, que derivaron en una mayor confrontación, al extremo de haberse politizado la pandemia y utilizado sus secuelas como arma política. Los efectos negativos de esta situación se suman a los efectos de la recesión y los errores de los dos últimos gobiernos. La Desocupación ha llegado a extremos nunca antes vividos, bajaron las exportaciones y crecieron las importaciones de alimentos, lo que pone al país en riesgo de una crisis alimentaria.
Volviendo al documento, la CEPAL, el documento analiza las tendencias sociales que precedieron la pandemia y busca dimensionar sus repercusiones socioeconómicas, especialmente en lo relativo a la pobreza y la desigualdad, así como al trabajo remunerado y no remunerado. Frente a los desiguales efectos de la pandemia sobre las mujeres y los hombres, se hace un llamado a invertir en la economía cuidado a la mujer como sector estratégico de una reactivación con igualdad.
De acuerdo al informe, los efectos de la pandemia sobre las condiciones de vida de la población «se potencian con el paulatino aumento de la pobreza y la pobreza extrema». Recuerda pese a los avances alcanzados en lo que respecta a la reducción de la pobreza y la desigualdad y la expansión de los estratos de ingreso medio entre los años 2002 y 2014, antes de la pandemia, el progreso económico y social de la región ya mostraba señales claras de estancamiento, y crecía el descontento de la población. En el sexenio 2014-2019, el PIB de América Latina y el Caribe había crecido en promedio tan solo un 0,3% por año (en América Latina, el porcentaje de pobreza extrema había aumentado del 7,8% al 11,3% de la población y la pobreza, del 27,8% al 30,5%). Además, desde fines de 2019, la ciudadanía de varios países había expresado su malestar, descontento e insatisfacción con el sistema político y sus actores en grandes manifestaciones de protesta en las que se exigía mayor justicia social.
Los datos disponibles muestran que la crisis ha repercutido de manera desproporcionada en los trabajadores informales y las mujeres, pues su representación en parte de los sectores económicos más afectados es mayor, y la carga de cuidados no remunerados en los hogares se ha intensificado a raíz del cierre de los centros educativos, en una región que ya presentaba un déficit importante en este ámbito. Las personas jóvenes, y, en particular, las mujeres jóvenes -quienes se encuentran fuera del mercado laboral y el sistema educativo en mayor proporción- constituyen un grupo especialmente vulnerable a los efectos agregados de deterioro del mercado laboral. Asimismo, es posible que, en el futuro, el mercado laboral presente menos oportunidades para las personas mayores, cuya inserción laboral es muy importante para garantizar su bienestar en ausencia de sistemas universales de protección social. También es probable que las desigualdades étnicas y raciales, así como las vinculadas al territorio, la discapacidad o la situación migratoria, se incrementen en el mercado laboral en tiempos de COVID-19.
La protección social, cuyo fin es garantizar ingresos adecuados, promover el acceso a los servicios sociales y fomentar el trabajo decente para toda la población, es un derecho reconocido en numerosos instrumentos legales nacionales e internacionales y es clave para erradicar la pobreza y reducir significativamente las desigualdades. Antes de la crisis, debido a los altos niveles de informalidad laboral, solo el 47,2% de las personas ocupadas estaban afiliadas o cotizaban a los sistemas de pensiones, y el 60,5% estaban afiliadas o cotizaban a los sistemas de salud. Asimismo, en 2019, un cuarto de las personas de 65 años o más no percibía una pensión. En el mismo año, los programas de transferencias condicionadas cubrían en promedio al 18,5% de la población de los países de América Latina y el Caribe.
El estudio de la CEPAL recomienda programas de protección social de emergencia para controlar y mitigar la pandemia y reactivar la economía, dado que permiten aplicar las estrategias más o menos estrictas que se requieran para la contención epidemiológica sin condenar a una parte significativa de la población a la pobreza. Durante 2020, en 32 países se han adoptado 263 medidas no contributivas de protección social, entre las que se incluyen las transferencias monetarias, la entrega de alimentos y medicamentos y el aseguramiento del suministro de servicios básicos. Se estima que las transferencias monetarias y en especie llegarían, en promedio, al 49,4% de la población de los países de la región.