Un nuevo conflicto social sacudió al país y al gobierno, demostrando nuevamente la necesidad de consultar con la ciudadanía antes de aprobar disposiciones que comprometan los derechos de la gente. Esta nueva experiencia ha puesto en evidencia varios hechos y realidades de la política criolla, acostumbrada al abuso, y a olvidar que hay un pueblo que tiene derechos y prerrogativas constitucionales que está dispuesto a defender y profundizar, antes que renunciar. Es lo que ha ocurrido con el paro indefinido que, aunque se cumplió solo parcialmente, demostró la fuerza de la movilización consciente, mientras los reclutamientos producto de la dadiva mostraban su inconsistencia. Finalmente se suspendió el paro indefinido después que el gobierno abrogó la Ley 1386.
Santa Cruz, donde el paro y los bloqueos fueron contundentes, volvió a la normalidad después de más de una semana de un paro que movilizó a miles de ciudadanos, mientras en varias otras ciudades se determinó mantener la emergencia para impedir la vigencia de otras normas atentatorias a la democracia y a los intereses de la población. La Paz organizó marchas de «regocijo» por la abrogación de la conflictiva Ley. El alcalde de La Paz, Iván Arias, manifestó que la movilización en la urbe paceña representa una advertencia al Gobierno para que no apruebe «leyes inconsultas». Potosí, en un cabildo determino mantener la emergencia. Existe coincidencia en todos los pronunciamientos de mantener la movilización y estar alertas ante cualquier otra intención del gobierno de coartar las libertades y derechos de la gente. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, al anunciar la conclusión del paro advirtió que la población debe mantenerse alerta.
Anteriormente, el presidente Luis Arce, decía que escuchando las demandas de los sectores se tomó la decisión de abrogar la norma. Pero durante todo el conflicto, el oficialismo intento desvirtuar las movilizaciones, calificadoras de políticas. Se dijo que se trata de otro intento de golpe de Estado, y que era una minoría la que planteaba la derogación de la norma. Paralelamente, el gobierno desarrolló una intensa campaña de propaganda descalificando las demandas y defendiendo la cuestiona ley. El senador Félix Ajpi (MAS) sostuvo que en el conflicto hubo, lo que llamó, «confundidores», quienes utilizaron «algunos hilitos» de la norma para confundir «al pueblo boliviano». Acusó de dividir a los sectores sociales. El vocero presidencial, Jorge Richter, en un canal de televisión sostuvo que el Gobierno recoge las enseñanzas de este conflicto y considera que debe efectuarse una metodología diferente para la socialización de algunas leyes. Pero insistió en la retórica sobre lo que considera «hechos discursivos que distorsionan el espíritu y alcance de una ley».
Recordemos que el inicio de las movilizaciones coincidió con el primer año del gobierno de Luis Arce. La circunstancia fue motivo para que el gobierno intente aglutinar fuerzas, movilizar a su gente e insistir en su política vertical, pero también motivó a la oposición a unirse y enfrentar lo que se consideraba un riesgo para la democracia y las libertades. Ambos hechos, como lo advertimos anteriormente, llevaron a agravar las tensiones en momentos en los que Bolivia requiere del mayor esfuerzo de todos para salir adelante después de la catastrófica situación que vive el país, por situaciones heredadas y también por la crisis provocada por la pandemia. En ese ambiente, los sectores movilizados declararon un paro nacional indefinido que solo se cumplió parcialmente, y que tuvo su epicentro en Santa Cruz que irradió fuerza al resto del país. A su vez, el Gobierno mantuvo su posición de aplicar las nuevas normas y decidió movilizar a sus bases del MAS y a sus aliados de organizaciones sociales para defender al gobierno. Varios pronunciamientos de estos sectores se dedicaron a desacreditar a los movilizados y hasta lanzaron amenazas. Hubo amenazas de intervenir con las fuerzas de seguridad nacional si se producen bloqueos. Y en algunos casos hubo enfrentamientos. Hasta hubo una sospechosa «coincidencia» de movilización de tropas de las Fuerzas Armadas, supuestamente para festejar el aniversario del Ejercito. Mientras tanto, el paro convocado inicialmente por los gremiales tomó fuerza y se nutrió con el respaldo de decenas de organizaciones, además de los Comités Cívicos de siete departamentos. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), también alentó «a que la ciudadanía salga a luchar» por sus derechos.
Por su parte, el Pacto de Unidad entre afines al MAS, se declaró movilizado, ratificó el respaldo al Gobierno y denunció un «intento de nuevo golpe», por parte de quienes se oponen a la Ley 1386. Convocaron a sus organizaciones afiliadas –casi en su totalidad de origen campesino- «a luchar, defender y garantizar la estabilidad económica, social y política de nuestro país». La Central Obrera Boliviana (COB), se declaró en estado de emergencia. Su máximo dirigente, Juan Carlos Huarachi, sostuvo que «Si vamos a tener que salir a las calles, lo vamos a hacer; si vamos a tener que salir a las carreteras lo vamos a hacer, para defender la estabilidad del país», decía. A su vez, el Vicepresidente David Choquehuanca hizo una exhortación que sonaba como amenaza: «Queremos advertir que las organizaciones sociales van utilizar todos los recursos a su alcance» y matizaba señalando que se defenderá «la estabilidad económica, para defender la unidad, para defender nuestra soberanía y para defender nuestras riquezas y recursos naturales». Pero la realidad mostró nuevamente que jamás una movilización pagada y sin motivación de conciencia logra adherentes comprometidos. En cambio, las adhesiones al rechazo de una ley abusiva crecieron hasta hacer comprender al gobierno que no debe pasar por encima de la voluntad ciudadana.