La tensión que generó la postergación del censo y los reclamos regionales que amenazaban otra crisis parecen haberse desvanecido, por lo menos temporalmente, con la apertura del gobierno a analizar un eventual cambio en la fecha del censo, y el compromiso de atender una serie de necesidades urgentes de los municipios del país. También se apaciguaron los aprestos de los comités cívicos, que en una reunión coincidieron en pedir que el levantamiento censal se realice en 2023. Una reunión del presidente Luis Arce con los nueve alcaldes de las capitales de departamento, más la alcaldesa de El Alto, llegó a un acuerdo de consenso que permite abrigar la esperanza de que se avance en un intento nacional que permita despolitizar el ambiente enrarecido en el que vive el país.
Lamentablemente es una realidad que existe un distanciamiento entre la visión política del gobierno y la de sectores importantes de la población, así como de varias regiones. A la polarización política se suman serie de situaciones anómalas que perturban las relaciones del gobierno central con las regiones, con la oposición y con los activistas de la defensa de los principios democráticos y de respeto al ordenamiento legal. Lamentablemente, el sesgo político ha estado perturbando el tema del censo. Felizmente, se ha logrado un principio de acuerdo que ha logrado distender la situación, abrir el camino para que, por lo menos en el caso del censo, se alcancen coincidencias.
De todas maneras, quedan pendientes decenas de temas que son motivo de permanente controversia, como la demanda por una pronta reestructuración del sistema judicial, respeto por la Constitución Política del Estado; que cese la utilización de la justicia como instrumento de represión, libertad de los detenidos políticos, designaciones ilegales de funcionarios, y otros, que enfrentan al gobierno con sectores de la población y con grupos de diverso origen. Al no existir un liderazgo que aglutine a la oposición, diversas corrientes activan demandas, efectúan duras críticas y exponen posiciones contestatarias, sin que exista coordinación, aunque coinciden en oponerse a todo lo que hace o pretende la actual administración.
Por ejemplo, los comités cívicos de Bolivia, lograron reunirse en Cochabamba, pese a ser hostigados y decidieron plantear al gobierno que el censo se realice en el primer semestre del próximo año. Emitieron una declaración en la que plantean que en el análisis técnico del censo de población y vivienda participen las universidades, municipios y gobernaciones, para optimizar el desarrollo del censo. También se insistió en la necesidad de que se cree un fondo compensatorio en base a proyecciones del INE para el año 2022, de manera que las regiones y las universidades reciban recursos calculados sobre la nueva realidad. Otra de las conclusiones de los comités cívicos tiene que ver con la crisis del sistema judicial. En ese sentido, respaldan la propuesta de reforma judicial que impulsan el grupo de juristas independientes. Los cívicos también amortiguaron la tensión al anunciar que desactivaron las medidas de presión y anunciaron que privilegiarán el diálogo.
Finalmente, en una reunión que los munícipes consideraron positiva, el presidente Arce y los alcaldes de las ciudades capitales acordaron la conformación de una comisión técnica y la socialización de la información sobre el avance de los trabajos para fijar la fecha del censo. El Órgano Ejecutivo escuchará las sugerencias de las regiones, de los distintos departamentos, ciudades, y las instituciones. Para el vocero del gobierno, Jorge Richter «el mayor acuerdo que se tiene es tener que trabajar en una línea de despolitización del tema censal para que recupere su carácter técnico». El Gobierno confirma que se abre a nueva agenda para el Censo de Población y Vivienda y recorrerá el país para escuchar sugerencias con explicaciones técnicas bajo el brazo. El acta suscrita ente los diez alcaldes participantes y el Gobierno, a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, delega a una comisión técnica del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la socialización de las actividades vinculadas a la encuesta nacional. Las reuniones se realizarán en todos los departamentos a partir del mes de agosto. En estos encuentros se recabarán todas las sugerencias para la dinamizar el censo.
Lo importante es que se abrió el diálogo, de manera que ahora se debe esperar la buena fe, y la disposición para atender las demandas en función de la realidad técnica, operativa y económica. Se trata de que todas las partes demuestren una voluntad política para llegar a acuerdos que beneficien al país y que no se privilegie solamente el interés sectorial. Se puede lograr mucho si existe esa predisposición de las partes para escuchar los argumentos, analizar las propuestas, explorar los mejores caminos, y fundamentalmente observar la realidad objetiva del país, y comprender que Bolivia requiere una sólida base de información sobre la que se pueda afrontar el presente y proyectar su futuro. Esa base de información la puede proporcionar el censo, siempre y cuando se desarrolle técnica y operativamente dentro de los marcos universalmente aceptados y tomando en cuenta las particularidades de nuestro país. Es una gran oportunidad para conocer muchos aspectos de la vida, necesidades, carencias, y otros aspectos de las familias bolivianas. Lo que se requiere es lograr la verdad, y no lo que políticamente les interesa a algunos.