El gobierno está difundiendo entre algunos sectores su nuevo proyecto de reforma judicial, en un aparente intento por responder a la inquietud nacional e internacional sobre la total dependencia política del sistema judicial. Se dijo que su proyecto será «socializado» en todo el país, recogiendo sugerencias para luego proceder a la elaboración del proyecto definitivo. Recordemos que el presidente Luis Arce instruyó al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, el estudio, diseño e implementación de un plan estratégico de reforma para lograr una justicia oportuna, eficiente, transparente y eficaz. Se anunciaba también el envío al Legislativo de varios proyectos de leyes destinados a la reforma.
Inclusive se dijo que se buscaría el consenso nacional, y hasta el Ministro de Justicia anunciaba que coincidía con el proyecto de reforma propuesto por la oposición. También se designó una comisión de personalidades para desarrollar el proyecto que comenzó sus reuniones el 3 de diciembre del año pasado analizando si era conveniente modificar la Constitución Política del Estado, para lo cual se necesitaba un referendo. Pero en el Movimiento Al Socialismo paralelamente había opiniones diferentes, y sorpresivamente, el ministro Iván Lima anunciaba que la reforma podía esperar. Simultáneamente se agudizó la utilización de la justicia como instrumento represor y de presión política contra la oposición.
En el actual segundo impulso del gobierno para la reforma judicial, surgen más dudas sobre la sinceridad del proyecto, ya que el propio Ministro Lima dijo que «Necesitamos que este plan que vamos a construir en estos 90 días, este año, sea un plan serio, estructural y una política de Estado que trascienda este Gobierno y si algo nos va a tomar muchos años, nos tomará muchos años, pero con un objetivo que comienza ahora». De cumplirse este anuncio significaría que el país seguirá con el actual sistema judicial por mucho tiempo.
Por otra parte, frente a todos los esfuerzos efectuados por el MAS para controlar la justicia, queda la interrogante sobre si el gobierno atenderá las sugerencias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que es producto de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Bolivia acordaron la conformación de esta misión de investigación. Recordemos que el informe del GIEI observa la falta de independencia judicial, recomienda la reforma del sistema, analiza los principales obstáculos que existen para lograr «el derecho a la verdad y la justicia»; y proponer un plan de atención y reparación integral para las víctimas; remarcando la necesidad de «reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda el reconocimiento de su calidad de víctimas», sin ello no puede haber un proceso de recomposición del tejido social.
El informe identifica como causas de la crisis de 2019, a los intentos para lograr una cuarta reelección consecutiva del presidente en ejercicio y el debilitamiento de las instituciones democráticas, «que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos de la democracia y las instituciones que deben vigilar su cumplimiento». El GIEI analiza las fuentes de la violencia en el contexto de las protestas ciudadanas, incitadas «por discursos antagónicos y por decisiones políticas» que polarizaron al país. De la violencia que se dio entre los grupos sociales movilizados, la más extensa fue perpetrada por particulares, favorecida por acciones y omisiones de agentes del Estado, y la más intensa se originó a partir del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, de las que resultaron graves violaciones a los derechos humanos, que no han sido adecuadamente investigadas, juzgadas y sancionadas, de acuerdo al informe.
En la propuesta del gobierno, al tocar el tema de la independencia del sistema judicial simplemente se menciona que se busca consolidarla, «a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos, transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales para la designación, capacitación permanente, evaluación de desempeño y aplicación del régimen disciplinario para autoridades del Órgano Judicial y Ministerio Público…» En ningún momento se menciona la necesidad de cambiar el actual sistema de elección de los magistrados, que ha sido una de las causas para politizar la administración de la justicia.