Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) colocará un colorante al combustible y rastreará a los camiones cisterna con un sistema de radiofrecuencia para luchar contra el contrabando de energéticos, informó este jueves el presidente de la estatal, Armin Dorgathen.
«Vamos a poner colorante al combustible para saber dónde está yendo y saber de qué estación de servicio salió», aseguró el máximo ejecutivo de YPFB.
Asimismo, Dorgathen dijo que se empleará la tecnología «RFID-Identificación por radiofrecuencia» en unas seis plantas de almacenaje de combustibles en las fronteras para controlar «en tiempo real» los despachos de los camiones cisterna «hasta las estaciones de servicio o planta de destino».
La reglamentación de ambas medidas dependerá de la Agencia Boliviana de Hidrocarburos (ANH) y «contribuirán a la lucha contra el contrabando», indicó la empresa estatal en un comunicado.
Por su parte, el gerente de Comercialización de YPFB, Félix Cruz, explicó que el colorante es un aditivo que «de ninguna manera afectará al rendimiento de los motores», puesto que se aplicará en las plantas de la empresa estatal y se distribuirá en los surtidores de las ciudades en frontera y «áreas de riesgo».
«Se colocará un gramo de colorante cada 100 litros y un kilogramo cada 100.000 litros de gasolina», detalló la Gerencia de Comercialización de YPFB.
Respecto al sistema de radiofrecuencia, Cruz manifestó que el sistema de radiofrecuencia se instalará las ciudades de Cobija, Guayaramerín y Puerto Suárez, en la frontera con Brasil, además de las sureñas Bermejo y Villazón, en el límite con Argentina.
YPFB agregó que estas acciones son parte de las medidas señaladas en los decretos que el Gobierno del presidente Luis Arce dictó a mediados de abril para «fortalecer los mecanismos de regulación, control, supervisión y fiscalización en la comercialización de gasolinas y/o diésel».
Esas normas mencionan acciones como los reportes diarios de las estaciones de distribución o la prohibición de vender cantidades menores a los 120 o 50 litros en sitios de frontera sin la identificación del comprador, entre otras.
En 2022, Bolivia aplicó un plan gubernamental que consiguió evitar la venta excesiva de combustibles que tenían como destino el contrabando por el equivalente de 14,7 millones de dólares.
El contrabando y la reventa de combustibles son delitos penados con 3 a 6 años de prisión y la confiscación de los bienes utilizados para la comisión del hecho ilícito.