Los empresarios privados del país, incluidos pequeños y grandes emprendedores analizarán la situación económica nacional. Se trata de una iniciativa de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) que convocó a un Congreso Extraordinario que se realizará este martes en Santa Cruz, con la presencia de al menos 300 líderes y representantes de los 26 sectores afiliados, además de las micro y pequeñas empresas, donde analizarán la economía y definirán su relación con el Gobierno.
«Más allá del análisis de temas coyunturales o de problemas sectoriales, se abordarán grandes asuntos pendientes, como empleo, productividad, estabilidad y crecimiento, además del entorno en el que se desenvuelven los derechos del sector privado, la seguridad jurídica, las inversiones y la propiedad privada», explicó en un comunicado el presidente de la CEPB, Ronald Nostas.
Se trata de un evento en el que analizará el rol de la iniciativa privada en el país, su aporte al crecimiento económico y a la solución de los problemas de provisión y producción, y las múltiples dificultades que se tiene que sortear para poder trabajar en Bolivia. Además se analizará el entorno en que se desenvuelven los derechos del sector privado, la seguridad jurídica y las inversiones, se analizarán los alcances de la recientemente aprobada Ley de Empresas Sociales, el incremento salarial y la posibilidad del pago del segundo aguinaldo.
Recordemos que no es la primera vez que el gobierno actual intenta aplicar normas atentatorias al derecho propietario. Primero fue un anteproyecto de Ley de Regulación de Propiedad Urbana y Derecho Propietario, que quedó en el camino, Luego se intentó aprobar una ley sobre la pérdida del dominio propietario. La última determinación, pese a los reclamos, fue la aprobación de ley de Empresas Sociales por el que se pretende incautar la propiedad de empresas privadas que incumplan algunas normas sociales y económicas.
Esta norma busca transferir empresas en quiebra a favor de sus trabajadores. La CEPB observó los artículos quinto y séptimo del proyecto de ley, que establecen que los trabajadores de una empresa pueden hacerse cargo de la misma si los salarios, AFP o Caja Nacional de Salud no han sido cumplidos durante tres meses, o la compañía suspende o disminuye sus actividades productivas.
Lamentablemente, cada cierto tiempo reaparecen estas intentonas que lo único que hacen es mostrar la fase distorsionada de la actual administración que un momento dice una cosa y al otro hace lo contrario. Lo grave es que estas amenazas se repiten pese a que van en contra de las prescripciones de la Constitución Política del Estado, y de principios universales inscritos en acuerdos internacionales y hasta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que protegen la propiedad privada y el derecho propietario. La legislación vigente postula que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El Pacto de San José, Costa Rica de 1969, también señala que «Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar la propiedad al interés social, evidentemente, pero bajo ciertas condiciones. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley…»
Asimismo, la Constitución Política del Estado, en el Artículo 56. I. señala: «Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. Artículo 57. La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión».