Dentro las gestiones que viene realizando la Cámara Nacional de Comercio (CNC – Bolivia), se solicitó al Ministerio de Economía considerar un anteproyecto de Decreto Supremo para que el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de 2019 se aplace del 29 de mayo hasta el 20 de octubre de 2020, o 60 días después de que se levante la cuarentena por el COVID-19, para permitir que las empresas generen los flujos de dinero necesarios y concluyan con sus cierres contables y sus auditorías externas, así informó Gustavo Jáuregui – Gerente General de la organización empresarial.
“Consideramos que, para muchas empresas, será casi imposible, cumplir con el pago del Impuesto a las Utilidades de la gestión 2019 hasta el 29 de mayo de 2020, debido a que, en la cuarentena, que se extendió por más de dos meses, no han tenido ningún movimiento económico por ventas y no han generado los flujos de dinero requeridos para cumplir con esta obligación anual”, aseguró Jáuregui.
El artículo 2 del Decreto Supremo 4198, aprobado por el Gobierno el 18 de marzo de este año, difiere hasta el 29 de mayo el pago del IUE de la gestión cerrada al 31 de diciembre de 2019. En ese sentido, el gremio pide que se aplace el pago del IUE hasta octubre de 2020 o 60 días después de que se concluya la emergencia sanitaria.
El Gerente de la CNC mencionó además que muchas empresas no terminaron con sus cierres administrativos contables y sus auditorías externas del año 2019, debido a que esas tareas se interrumpieron por el aislamiento por el coronavirus. Por lo cual, señaló que las empresas no conocen el monto final de las utilidades registradas el año pasado, ni el cálculo ni la liquidación del IUE, validado por sus auditores externos.
“Esto puede ocasionar que las empresas declaren y paguen un monto incorrecto del IUE y ocasionar multas y sanciones en el futuro, ya que cuando el auditor externo termine su trabajo en julio el monto de IUE puede ser mayor o menor. Por lo tanto, la empresa puede tener problemas tributarios”, manifestó Jáuregui.
Por otra parte, el ejecutivo calificó como “acertada” la decisión del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de dejar sin efecto la aplicación del Sistema de Facturación Electrónica (SFE), que debía comenzar el 1 de junio, porque permitirá a las empresas seguir trabajando con el Sistema de Facturación Virtual y evitará hacer gastos adicionales para su puesta en marcha.
Este lunes, el presidente ejecutivo del SIN, Mario Nava, aprobó, mediante la Resolución 102000000011, la abrogación de la Resolución 101800000026 que establece el marco normativo para la aplicación y reglamentación del Sistema de Facturación Electrónica, así como otras normas que la modifican.
La administración tributaria explicó, en dicha resolución, que se determinó dejar sin efecto la aplicación de la facturación electrónica tras efectuar un análisis del marco normativo y debido a la situación actual de la economía, agravada por la emergencia sanitaria por el coronavirus, que impide la realización de las actividades económicas de manera regular.
En esa línea, Jáuregui recordó que la Cámara Nacional de Comercio lideró, desde el año pasado, las gestiones ante el SIN para postergar la aplicación de la factura electrónica y efectuar un mejor análisis de la realidad comercial y tecnológica para su ejecución. En ese entendido, explicó que el gremio considera que se replantear el Sistema de Facturación Electrónica debido a las dificultades registradas, hasta ahora, para su puesta en marcha y porque hay un número reducido de empresas certificadas.
El ejecutivo apuntó además que el país requiere de una red de comunicación por internet, que sea estable y fiable, y posibilite consolidar la facturación electrónica y el reporte a la administración impositiva en tiempo real, como pretendía el Sistema de Facturación Electrónica.
Agregó que a ello se suma que se debe considerar las consecuencias económicas a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19, que imposibilitan ahora a las empresas desembolsar recursos adicionales para aplicar herramientas tecnológicas y de comunicaciones, que deben garantizarse para su ejecución.
En ese sentido, Jáuregui espera que las autoridades del SIN convoquen a las organizaciones empresariales para diseñar las modalidades de facturación electrónica que estén acordes con la realidad tecnológica, operativa y comercial de las empresas del país.