La Cancillería rechazó este miércoles el contenido del ‘Informe sobre los Derechos Humanos 2023’ en el país que emitió esta semana el Departamento de Estado de Estados Unidos y que consideró como «un acto de injerencia e intromisión en la política interna».
«El informe es un intento de afectar la credibilidad del país distorsionando la realidad boliviana y omitiendo mencionar los avances significativos en materia de derechos humanos», señaló la Cancillería en un comunicado.
El pronunciamiento también menciona que el reporte utiliza «fuentes imprecisas» que comprometen la «veracidad del contenido» además de que no toma en cuenta «una gama más amplia de visiones».
«Bolivia reitera su compromiso inquebrantable con la promoción y protección de los derechos humanos para todas y todos los bolivianos, basado en principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre los Estados», finaliza la nota de la Cancillería.
Contenido del informe
El informe menciona que el año pasado «no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Bolivia».
En el reporte se sostiene que la base son «informes creíbles» sobre cuestiones de tortura por parte de agentes gubernamentales, condiciones penitenciarias duras, detenciones arbitrarias, problemas de la independencia judicial, restricciones a la libertad de expresión y prensa, y violencia generalizada de género, entre otras.
Con respecto a las torturas, el texto señala que muchas de las investigaciones policiales «se basaban en gran medida en la tortura para obtener información» y en el caso de las mujeres detenidas incluyen la violación y la violación grupal.
«La impunidad policial fue un problema importante debido a la corrupción y la politización del sistema judicial», afirma el reporte.
También se refiere al «hacinamiento en las cárceles» del país, en donde los presos no tienen medicamentos, sufren frecuentemente de dermatosis y tuberculosis, mientras que las mujeres embarazadas permanecen «sin servicios obstétricos».
Asimismo, menciona que el Gobierno «no permitió» que los periodistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y líderes religiosos visitaran a los «prisioneros de alta visibilidad», como la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) y el gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
«El poder judicial también fue objeto de múltiples acusaciones de corrupción. En general, las autoridades respetaron las órdenes judiciales, pero en varias ocasiones presionaron a los jueces para que cambiaran los veredictos», subraya.
Por otro lado, se hace mención a la presión e intimidación del Gobierno mediante la retención de la publicidad gubernamental e imponiendo impuestos elevados a los medios que no informaron positivamente sobre las políticas estatales.
También agrega que «la ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no la implementó de manera efectiva. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental».
El reporte habla sobre «falta de capacitación sobre la ley y la lentitud de los procesos judiciales» en los casos de violencia de género y feminicidio, pese a que existe una norma vigente desde 2013 que dicta 30 años de prisión, la máxima pena en Bolivia, en los casos fatales.