La Fiscalía General del Estado investiga el presunto feminicidio de una mujer de 27 años que fue hallada muerta y con signos de violencia en un río en los Yungas, en el departamento de La Paz.
El principal sospechoso del suceso, ocurrido en el municipio de Caranavi, es el concubino de la víctima, identificado como José L.R.CH., de 32 años, indicó el fiscal departamental de La Paz, William Alave, según un comunicado de prensa del Ministerio Público difundido este miércoles.
«Este hecho es un nuevo caso de feminicidio, porque la joven murió con signos de violencia», señaló Alave y agregó que se investiga al concubino porque «según las versiones de los vecinos y amigos de la pareja el hombre era muy celoso».
La autopsia practicada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determinó que la causa de muerte de la joven fue «por asfixia mecánica por estrangulamiento», según la Fiscalía.
El hecho se conoció el martes en la mañana, cuando pobladores de Caranavi que se dirigían hacia el río Yara en esa localidad hallaron el cuerpo de una mujer entre la vegetación y avisaron a las autoridades locales, explicó por su parte la coordinadora de la Fiscalía Departamental de La Paz, Nilda Calle.
El fiscal de provincia junto a un médico forense y agentes policiales llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y para el levantamiento legal del cuerpo, que fue trasladado a la morgue de Caranavi.
Tres personas que se identificaron como amigos de la víctima la identificaron como Marlene M.CH. y con sus testimonios, el Ministerio Público inició la búsqueda de su concubino.
Ante la insistencia de sus familiares que le instaron a que se entregue a las autoridades, el hombre llegó hasta la morgue en un vehículo y fue arrestado y puesto a disposición de la Fiscalía.
El Ministerio Público tiene registro de 58 feminicidios ocurridos en Bolivia entre el 1 de enero y el 29 de agosto de este año, la mayoría de ellos en las regiones de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, las más pobladas del país.
Desde 2013 está vigente en Bolivia la ley 348, para «Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia», que castiga el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación nacional.
Sin embargo, diferentes organizaciones reclaman desde hace varios años que la norma no se cumple plenamente por las demoras judiciales, la falta de recursos económicos y de personal capacitado para atender las denuncias de violencia machista.
Además, el Parlamento aún no ha tratado una reforma que presentó en julio del año pasado el Gobierno de Luis Arce para «fortalecer» la ley 348.