Las protestas para reclamar la devolución de fondos de pensiones persisten en Bolivia, en un contexto de caída de la economía y aumento del desempleo durante la cuarentena por la COVID-19.
Una concentración reclamó este jueves en La Paz el reembolso de aportes a la Administradora de Fondos de Pensiones, mientras que en días anteriores hubo movilizaciones en otras de las principales ciudades como Santa Cruz y Cochabamba.
«O morimos por COVID, o vamos a morir de hambre», lamentó ante los medios durante la concentración Henry Jiménez, representante del Movimiento de Emergencia Nacional por la Devolución de los Aportes de las Administradoras de Fondo de Pensiones.
El vocero dijo que tanto el Parlamento como el Gobierno del país «se hacen la burla» ante sus demandas, «sin voluntad política» para entregar a quienes lo necesiten unos fondos que no salen del Tesoro General de la Nación, sino de aportes de los pensionistas.
Mientras estos fondos sí sirven de apoyo a sectores como el bancario para que den préstamos «con nuestro propio dinero», a los particulares solo se les dice «que esperen» una respuesta a su reclamo, según el representante.
Jiménez afirmó que alrededor de un millón de trabajadores que perdieron sus empleos «no tienen qué comer», por lo que exigió a las autoridades que sean sensibles «con el hambre de la gente».
La reciente renuncia del gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Sergio Iván Flores, formalmente por motivos personales, es a juicio de este colectivo una muestra de que estos recursos se manejan con intereses políticos.
El anterior Gobierno de Evo Morales tenía previsto el paso de la administración de los fondos de pensiones de las actuales empresas privadas a una gestora estatal, pero lo postergó en varias ocasiones, la última a 2021 alegando problemas técnicos, aunque ahora se investigan posibles irregularidades en la compra del software para la entidad.
El movimiento social pide que se pueda recuperar aunque sea por entregas todos los aportes hasta los 100.000 bolivianos, unos 14.490 dólares, entre otras demandas.
Este tipo de reclamos también se han producido en países vecinos como Perú y Chile. En el caso chileno con la autorización de retirar el 10 % de los ahorros en pensiones y en el peruano con un proyecto parlamentario aún en tramitación para que los pensionistas puedan recuperar aportes.
Bolivia alcanzó una tasa de desempleo del 11,8 % en julio, que el Instituto Nacional de Estadística del país atribuyó a la cuarentena por la COVID-19.
El Banco Central de Bolivia prevé que la economía del país caiga este año un 6,2 %, después de que ya en el primer trimestre del año experimentara su menor crecimiento en casi dos décadas, de solo el 0,6 %.