Un proyecto de ley para evaluar riesgos entre instituciones y combatir el lavado de dinero es elaborado en Bolivia con vista a la inspección del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2020.
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Omar Yujra, explicó que la iniciativa legal busca una coordinación entre las entidades bolivianas para enfrentar una revisión periódica y estar mejor preparados para ese examen.
Yujra recordó que ese ente intergubernamental en 2013 sacó a La Paz de la lista gris de países observadores y sujetos a seguimiento por sus avances en la lucha contra la legitimación ilícita de ganancias y el financiamiento al terrorismo.
Un esquema de control sobre la internación y salida de divisas del territorio boliviano fue establecido en el Decreto Supremo 29681, emitido por el órgano Ejecutivo en agosto de 2008, además de otorgarle la responsabilidad de Sujeto Obligado a la Aduana Nacional respecto del lavado de dinero.
En mayo de 2009, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 138 para aplicar medidas cautelares (retención de fondos, incautación y confiscación) sobre el patrimonio, medios e instrumentos utilizados o comprometidos en la comisión del delito de terrorismo, sedición o alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado.
Asimismo, fue promulgada la Ley 004 ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz’, en marzo de 2010, que mejoró la tipificación del delito de legitimización de ganancias ilícitas.
En noviembre de ese mismo año la Ley 060 reguló el funcionamiento y control de casas de juego y juegos de azar, incluidas en el marco de la lucha contra el lavado de dinero.
Con la Ley 170 de septiembre de 2011, el Gobierno incorporó al Código Penal las figuras de financiamiento del terrorismo, separatismo y legitimación de ganancias ilícitas, y asignó nuevas atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras.
En julio de 2012, con la promulgación de la Ley 262, fue instituido un régimen especial de congelamiento de fondos y otros activos de personas vinculadas con esos delitos, consignadas en las listas públicas de Naciones Unidas o en requerimientos de países como parte de la cooperación internacional.
Aspectos complementarios a ese régimen especial fueron introducidos mediante el Decreto Supremo 1553 en abril de 2013.
El GAFI es un ente intergubernamental establecido desde 1989 con el objetivo de fijar estándares y promover medidas legales, regulatorias y operativas contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.