El expresidente Evo Morales (2006-2019) insistió este lunes ante miles de sus seguidores que está habilitado para ser candidato en las elecciones presidenciales de 2025 y exigió al Gobierno Luis Arce la promulgación de la ley para cesar las funciones de los magistrados de altos tribunales del país.
El encuentro en Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba y principal bastión político de Morales, inicialmente fue convocado como un congreso en el que se debía elegir a una nueva mesa directiva del Movimiento al Socialismo (MAS).
Sin embargo, el evento se convirtió en un acto de proclamación de la candidatura de Morales para los comicios presidenciales de 2025 ante la negativa del organismo electoral de supervisar el encuentro por supuestos incumplimientos de los requisitos.
«Hemos cumplido con las normas, solo por decisión política no aceptan que hagamos un congreso», dijo.
El también líder del MAS cuestionó que algunos ministros y el procurador general del Estado, César Siles, hayan afirmado que no está habilitado constitucionalmente para ser candidato y consideró eso como un acto de «usurpación» de funciones.
«Hasta ahora estamos habilitados como candidatos a presidente», dijo Morales en su discurso.
La Inhabilitación de Morales
A finales del año pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dictó un fallo que señala que la reelección indefinida «no es un derecho humano» y que en Bolivia solo se aplica por una única vez de forma continua o discontinua.
Esto afecta la pretensión de Morales de presentarse en los comicios de 2025, puesto que ya fue presidente en tres ocasiones.
Asimismo, antes de esa determinación el TCP amplió su mandato y el de los magistrados de otras altas cortes del país debido a la postergación de elecciones judiciales que debían hacerse en 2023, bajo el argumento de «evitar un vacío» de poder.
Esto causó que grupos afines a Morales que a principios de este año realizaran fuertes bloqueos de caminos de 16 días que se levantaron tras un acuerdo multipartidario que derivó en una nueva convocatoria a las elecciones judiciales en febrero, un proceso que está estancado en el Parlamento.
Uno de esos acuerdos establecía la aprobación de una ley para cesar a los magistrados que prorrogaron su mandato, la misma que no se autorizó sino hasta que la pasada semana se realizó una polémica sesión del Legislativo convocada por el senador Andrónico Rodríguez.
Rodríguez instaló la sesión y aprobó la ley 075 ‘antiprórroga’ en ausencia del presidente nato de la Asamblea Legislativa y vicepresidente del país, David Choquehuanca, quien asumió como presidente en funciones debido a que Arce estaba de viaje fuera del país.
El fin de semana, Choquehuanca pidió por escrito que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de esa sesión, por lo que el Ejecutivo no puede promulgar la ley 075 hasta que se tenga una posición de aquella instancia.
Esta jornada, Morales le exigió a Choquehuanca que «retire la carta» y que Arce «promulgue la ley», ya que de lo contrario «el pueblo en las calles y en los caminos va a hacer promulgar esa ley».
El exmandatario también pidió a los militantes del MAS marcar «cuál sería el camino para hacer respetar al MAS» y evitar que se inhabilite su candidatura.
En el MAS existe una tensión interna entre los ‘evistas’ que siguen a Morales y el bloque ‘arcista’ del presidente Luis Arce, que pugnan por la legitimidad de convocar a un congreso que elija una nueva directiva del partido.
Las diferencias entre ambos bandos se agudizaron el año pasado, cuando en un congreso los seguidores de Morales lo reeligieron en la directiva del MAS y lo proclamaron candidato único para las elecciones de 2025.
Arce ni Choquehucana asistieron a ese encuentro al considerar que las organizaciones sociales que pertenecen al MAS no estaban debidamente representadas.
La autoridad electoral pidió al MAS que realice un nuevo congreso partidario en consenso, lo que hasta ahora no ha ocurrido.