Las elecciones generales se realizarán en agosto del próximo año de acuerdo a las previsiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ha convocado a líderes políticos, a los partidos políticos legalmente habilitados y a representantes de los poderes del Estado a una cumbre para el 3 de julio, en la que se buscará definir salidas a los problemas críticos del ciclo electoral de cara a los comicios de 2025. Se trata de una oportunidad para intentar despejar los embrollos creados para frenar las elecciones judiciales desde los poderes políticos, aunque hasta ahora el gobierno no cede en su afán de mantener a los altos magistrados que se prolongaron en sus cargos, pese a haber fenecido su mandato legal constitucional. Gran parte de la oposición desconfía en la voluntad política del Ejecutivo, para dar paso a los comicios judiciales, porque, en su criterio, el gobierno prefiere seguir utilizando al TCP para sus objetivos.
El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas, informó que la cumbre electoral planteada para el 3 de julio tendrá una agenda de cuatro temas: las elecciones primarias, la aplicación de los resultados del Censo, el padrón biométrico y la utilización del sistema de resultados preliminares (TREP). En lo que corresponde a las elecciones primarias, tendrá que adoptarse decisiones heroicas debido a que los tiempos o dan para que se realicen tres elecciones en el corto tiempo disponible. Algunas organizaciones políticas piden primarias abiertas, otras van por mantener el orden de las cosas. El TSE sugirió que si hay primarias al menos existan dos candidatos y algunos de sus miembros sugirieron que se evite este paso. En cuanto al censo, tendrá que acelerarse la entrega de los resultados oficiales para su aplicación para la distribución de escaños y delimitación de circunscripciones.
El TSE quiere exponer lo que se ha hecho en torno al padrón electoral biométrico, según Vargas. Ese es un asunto muy delicado debido a la susceptibilidad que existe sobre la forma como se ha manejado en los últimos comicios. El hecho de que prácticamente hayan quedado como miembros del Órgano Electoral, personas designadas por el gobierno, genera desconfianza y una predisposición negativa. También la cumbre va a definir que se reponga el sistema de presentación de resultados preliminares (PREP) para las elecciones de 2025.
«Una vez que tengamos el encuentro vamos a definir la ruta crítica y ver las iniciativas legislativas para definir esta ruta, queremos dar certidumbre y escuchar a los partidos políticos a partir del diálogo con un ciclo electoral limpio, justo y confiable con acompañamiento internacional», señaló Vargas. Pero ese llamado lleva consigo una carga emotiva muy grande en la oposición, por los antecedentes que existen y que no se los puede eludir ni considerar que no son un problema real. Por otra parte, los hechos son muy elocuentes sobre las dificultades para alcanzar consensos, en un momento en que las divisiones y subdivisiones debilitan a las fuerzas políticas, y demuestran su incapacidad para armonizar soluciones a los diversos problemas que dificultan los procesos electorales.
En esa constante, desde hace varios meses que el proceso para las elecciones judiciales no avanza en la Asamblea Legislativa y, en consecuencia, muchos ya desahuciaron las primarias que se considera que eran una vía para que la oposición pudiese despejar incógnitas y abrir escenarios para conformar una fuerza que pueda participar con posibilidades en los comicios generales.
Otra muestra de las deliberadas trabas que se ponen se dio en la Asamblea convocada por el vicepresidente David Choquehuanca, después de haber eludido honrar sus compromisos y juramentos para ejercer el cargo, dejando paralizada a la ALP, decidió plantear las vacaciones en ese órgano. Evidentemente, el presidente nato de la ALP, determinó, tras suspender la sesión, que el receso parlamentario empiece el 7 de julio y que las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural continuarán su trabajo con la preselección de candidatos para las elecciones judiciales. Choquehuanca justificó su decisión porque el receso parlamentario está establecido en la Constitución. Sobre la problemática sesión del 6 de junio, Choquehuanca dijo que no está en sus manos definir si es o no válida. Recordó que hay un recurso de nulidad que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debe resolver. De todas maneras, queda la esperanza porque los políticos se pongan de acuerdo y encuentren vías expeditas a la crisis política que en la actualidad impide salidas que desemboquen en unas elecciones transparentes, tanto para renovar el Órgano Judicial como para que el pueblo elija a los gobernantes.