El Gobierno y las tres fuerzas políticas con representación en el Legislativo nacional se comprometieron este viernes a que la próxima semana se aprobará la ley para dar curso a las elecciones judiciales que debían realizarse en 2023 y cuya postergación es motivo de conflicto en el país.
El acuerdo leído por el vicepresidente del país y presidente del Legislativo, David Choquehuanca, señala que se logró «consensuar» un proyecto de ley para la realización de los comicios y que los parlamentarios se comprometieron a «viabilizar su aprobación sin ninguna modificación» para su posterior envío al Ejecutivo.
El documento señala que la presidencia de la Cámara Baja convocará en esta jornada a una sesión plenaria que se realizará el lunes para tratar «impostergablemente» el proyecto de ley 144/22-23 «hasta su aprobación», mientras que el Senado sesionará el martes con el mismo objetivo.
El acuerdo también incluye un compromiso para tratar «por tiempo y materia» y «en la sesión siguiente a la aprobación» de la norma para las elecciones judiciales otros dos proyectos de ley, 073 y 075.
Estos proyectos se refieren a la «cesación de funciones» de los magistrados del órgano Judicial que debían concluir su mandato el 31 de diciembre de 2023, explicó a los medios el diputado Enrique Urquidi, jefe de bancada en la Cámara baja de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa (2003-2005).
Uno de los proyectos fue presentado por CC y el otro por un senador de la facción afín al expresidente Evo Morales (2006-2019) dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), que han rechazado la prórroga del mandato de los magistrados dispuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ante la falta de elecciones judiciales.
Urquidi, que participó en el diálogo en la Vicepresidencia, sostuvo que CC no renunciará a tratar el tema de la «autoprórroga», pues para esa fuerza, «los magistrados que hoy pretenden quedarse en los tribunales de justicia son unos usurpadores».
Bloqueos por prórroga
La prórroga de los magistrados es uno de los motivos por los que sectores sociales afines a Evo Morales bloquean carreteras desde hace doce días en el centro del país.
Estos sectores también protestan contra una sentencia constitucional que inhabilita a Morales para ser candidato presidencial en 2025, ya que sostiene que la reelección indefinida «no es un derecho humano», un argumento que el exgobernante usó para postular a los fallidos comicios de 2019.
Los comicios para elegir a los magistrados de los principales tribunales del país debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento.
Ante esto, el TCP decidió prorrogar su mandato y el de los otros magistrados para evitar un «vacío de poder».
El Gobierno de Luis Arce ha defendido la prórroga y asegura que no es inconstitucional, mientras que Morales, que está distanciado del mandatario, ha criticado la decisión del Constitucional, al igual que la oposición.
El acuerdo logrado en esta jornada tras cinco días de diálogo también compromete al Legislativo a tratar y aprobar en el transcurso de la próxima semana cinco proyectos de ley para la contratación de préstamos para obras y proyectos del área económica.