Muchas veces el deseo de hacer las cosas bien a la ligera lleva al desastre cuando se ignoran fundamentos, razones, realidades y consecuencias. Especialmente, cuando se procede bajo el impulso de las emociones o los afanes políticos, el resultado puede ser contraproducente.
El gobierno ha decidido «encapsular el Chapare», con la mejor intención de proteger la salud de la población del avance del coronavirus y para ello ha recurrido a las Fuerzas Armadas y a la policía.
Se ha explicado que se evitará que gente de la zona aislada se traslade a otros puntos tanto del departamento como del país, y no se permitirá el ingreso indiscriminado de personas al trópico cochabambino.
Seguramente se adoptarán medidas complementarias como: asistencia médica, equipos, medicamentos, personal especializado, alimentos, y otros servicios para asistir a la población, pero aun si así fuere, debido a las tensiones políticas del momento, el proceso electoral en marcha, los intereses económicos de la región, especialmente los intereses cocaleros y la agresiva oposición del MAS, los agitadores pretenden hacer ver como una provocación que puede generar más de un problema. Una medida de esta naturaleza era necesaria, habiéndose utilizado la persuasión que no dio resultados, requería de la presencia del Estado, como en el caso de la población de Montero donde hubo y hay explosivos brotes de COVID-19, por lo que el caso del Chapare resulta una prioridad, por el bien de los bolivianos, sin descuidar recomendaciones para que la población cumpla con las medidas de prevención y protección instruidas por la Organización Mundial de la Salud para evitar mayores brotes de contagio.
Todo el país comprende que esta medida obedece a la preocupación por proteger la salud de los ciudadanos del Chapare y de los connacionales, y que se ha tenido que actuar en forma coercitiva, debido a que existe actitud de provocación deliberada de agitadores para romper la cuarentena, incumplir las medidas de bioseguridad y promover la desobediencia a las medidas de contención. Esto es evidente, ya que públicamente algunos dirigentes cocaleros han inducido a descalificar los esfuerzos por proteger a las personas de la pandemia. Es más, el dirigente de las federaciones de cocaleros, (Leonardo Loza) efectuó -según médicos que combaten a la epidemia- «torpes expresiones para advertir que no aceptarían un posible encapsulamiento», al que calificó «como una venganza política». Esto es un atentado a la vida”, dijo el dirigente, no señaló cuántos contaminados existen en el Chapare y los requerimientos médicos que necesitan, porque según funcionarios del ministerio de Salud «se está haciendo todo lo posible por proteger y preservar la salud pública, de los chapareños y de los habitantes de todo el territorio nacional». Explicaron que la decisión de “cerrar” vías hacia el Chapare se la asume luego que «se evidenció que se ocultan fallecidos por COVID-19 sin reportarlos a los servicios de salud, y que se practicaron entierros de víctimas del coronavirus sin seguir los protocolos sanitarios».
Los detalles fueron dados a conocer por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, quien además reveló que «el alcalde de Entre Ríos, Aurelio Rojas, dio positivo al coronavirus y ahora su estado es de gravedad». «Por esta información verificada, el Gobierno ha tomado la decisión de evitar que la gente del trópico, por causa sanitaria y de la pandemia, se movilice hacia Cochabamba y Santa Cruz», aseveró.
Dirigentes cívicos consideran que, dada la debilidad del gobierno para imponer autoridad, y las circunstancias especiales del momento, es probable que lo anunciado por Santa María no pase de ser otra buena intención.
«El infierno está lleno de quienes tenían buenas voluntades o deseos», es una frase atribuida a un filósofo francés, que dio lugar al popular refrán «el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones», que puede aplicarse en esta ocasión. El gobierno quiere proteger la salud de la gente, pero puede enredarse ante la actitud belicosa de algunos dirigentes cocaleros, que además de inducir al incumplimiento de la cuarentena y las previsiones de bioseguridad, quieren utilizar la decisión para fines desestabilizadores de la democracia. Ojalá recapaciten y que el pueblo del Chapare los desautorice hablar de politiquería cuando se trata de salud pública que requiere soluciones médicas y no palabrería sin sentido de solidaridad con los habitantes de la región.