El Gobierno anunció este martes que aumentará en un 5,85 % el salario mínimo nacional y un alza del 3 % al haber básico, luego de acordar este incremento con la Central Obrera Bolivia (COB) y sin presencia de los empresarios.
Después de varias horas de reunión, el presidente Luis Arce informó del alza salarial junto al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y una treintena de dirigentes de la COB.
Arce precisó que el incremento al salario mínimo «será retroactivo al mes de enero» y alcanzará los 2.500 bolivianos (362 dólares), lo mismo que el 3 % de aumento que se aplica a los empleados del sector público y privado.
«Con esto cuidamos no solamente las finanzas públicas, sino preservamos la generación de empleos en nuestro país y el crecimiento económico y la estabilidad económica», remarcó Arce.
El mayor ente sindical del país planteó en febrero subir el salario mínimo a un 8 % y el básico en 7 %.
Al respecto, el secretario Ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, dijo que el ente sindical «ha sido razonable» y tomó la decisión de aceptar un incremento menor al de su propuesta según «la realidad económica» del país.
Huarachi consideró que los empresarios tienen que ser «conscientes» de las subvenciones que otorga el Estado y que deben reconocer «el aporte de los trabajadores» en las empresas.
Los empresarios lamentaron su exclusión de las negociaciones por el incremento salarial y advirtieron que una medida así podría generar el cierre de varias empresas o el despido de algunos empleados por el alza de la carga social.
Desde 2006, todos los años el Gobierno y la COB acuerdan el incremento que se oficializa con una norma cada 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en el que el presidente también anuncia otras medidas que benefician a los empleados del sector público y privado.
Por otro lado, la COB señaló que un tema pendiente es la aprobación en el Parlamento del ‘Proyecto de ley 035’, que modifica la ‘Ley de Pensiones’ y que busca ampliar las rentas «solidarias» a favor de quienes no alcanzaron la edad ni los años de aportaciones para su jubilación.
«Estamos advirtiendo, por decisión unánime de los trabajadores, si no promulgan el proyecto de ley los trabajadores nos vamos a movilizar y vamos a hacer la toma física de la Asamblea Legislativa Plurinacional», advirtió Huarachi.
La propuesta legal es resistida por los trabajadores en salud, docentes universitarios y maestros, quienes consideran que la norma promueve la «jubilación» forzosa después de los 65 años.
Estos sectores objetan la disposición adicional única del proyecto de ley que plantea que los mayores de 65 años «se acogerán y ejercerán el derecho a una pensión de vejez» y que para su «continuidad laboral» podrán someterse a un «examen médico de aptitud física y mental».
La propuesta legal no toma en cuenta a las autoridades electas ni a los funcionarios de libre designación en las instituciones estatales.