El presidente Luis Arce confirmó este jueves que propuso al canciller Rogelio Mayta como magistrado del país ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) por el «mérito» y la «trayectoria» que tiene su carrera.
«Nosotros hemos propuesto a los países de la Comunidad Andina que nuestro actual canciller, el doctor Rogelio Mayta, pueda asumir por el mérito que tiene, la carrera, la trayectoria (…) pueda irse de magistrado, hemos propuesto eso», manifestó el mandatario en un diálogo con la prensa.
Agregó que este planteamiento «tiene que resolverse en una reunión de cancilleres que se hace para aprobar la propuesta que tiene el país» y que están a la espera «con paciencia» de la determinación.
«De ser positiva la respuesta, que así lo esperamos, de la Comunidad Andina va haber una nueva persona a cargo de la Cancillería», sostuvo Arce sin dar más detalles.
La «Reunión de Plenipotenciarios» es la instancia encargada de designar a los magistrados del TJCAN y Ecuador, como su sede, es el país que debe convocar a ese encuentro.
La terna, de acuerdo a medios locales, lo conforman el canciller Mayta, el director jurídico del Ministerio de Exteriores, Bernardo Ortiz, y el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.
En declaraciones a EFE el martes pasado, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas cuestionó que la terna propuesta por Arce vulnera «los principios del TJCAN que indican de forma taxativa que los países miembros tienen sus representantes, pero los Estados son los que envían a sus postulantes» y estos deben estar distanciados de los Gobiernos.
También remarcó que Mayta «nunca ha ejercido como juez en Bolivia, menos en la comunidad internacional», por lo que «los requisitos de probidad y meritocracia que la propia CAN y su tribunal exigen estarían incumplidos».
Para Pedrazas, se trata de una «decisión política» por el fallo contrario a Bolivia en una demanda de Perú por el precio diferenciado del combustible a vehículos con matrículas extranjeras que circulan en su territorio, del que fue parte el juez boliviano Gustavo García.
Las autoridades cuestionaron en su momento a García y aseguraron que hubo una «anomalía» en su designación porque se efectuó durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020) que para la Administración de Arce fue «inconstitucional».