Un cabildo de choferes disidentes de la Federación de Choferes Primero de Mayo realizado ayer, en la plaza San Francisco de La Paz, resolvió desconocer a los dirigentes federados e iniciar un proceso penal por malversar más de 15 millones de bolivianos y pedir auditoría externa al aporte de 0,20 centavos en el peaje de la autopista entre las dos ciudades.
En el cabildo se reunieron choferes de La Paz y El Alto, con participación de sindicatos como Eduardo Abaroa, Pedro Domingo Murillo, Virgen de Copacabana, Exaltación, entre otros. El movimiento se activó para pedir rendición de cuentas de los aportes de 20 centavos que pagan los transportistas en el peaje de la Autopista.
«En realidad exigimos una auditoría externa de los más de 15 millones de bolivianos por aportes en el peaje de la Autopista La Paz-El Alto que se han manejado, y no solo 12 como se denunció en primera instancia», informó el dirigente del Sindicato Eduardo Abaroa, Lucio Quispe.
El cabildo emitió una resolución de cuatro puntos: En el primer punto decidieron formalizar una denuncia penal, en calidad de víctimas, ante el Ministerio Público, para que se investigue el destino de los recursos recaudados.
El segundo punto consiste en pedir una auditoría externa de los aportes y remitir ese estudio al Ministerio Público. Solicitaron que también se actué en el marco de la Ley Marcelo Quiroga.
El tercer punto es exigir un seguro de vida y salud para los afiliados a la Federación.
En el cuarto punto se determinó desconocer a los dirigentes de la Federación Departamental 1ro de Mayo y la Federación Andina de El Alto.
Por último, se pidió «voto universal» para la elección de nueva directiva.