El conflicto en la privada Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) sigue sin un diálogo en el que se defina una única directiva, que se disputan la activista española Amparo Carvajal y Édgar Salazar, quien es señalado de ser afín al oficialismo.
A comienzos de junio, un grupo dirigido por Salazar se tomó la sede de la entidad y Carvajal, de 84 años, hizo una vigilia por 40 días a las afueras de la Apdhb y luego se trepó hasta la terraza con la ayuda de una escalera, donde estuvo por 12 días a la intemperie.
Finalmente, la activista suspendió hace un mes su medida de presión tras la mediación del cónsul español Guillermo Gil y del Gobierno del Luis Arce.
Salazar reclama que en diciembre de 2021 fue elegido como nuevo director de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, elección que fue rechazada por Carvajal, quien dirige ese organismo desde 2016.
Este miércoles, Édgar Salazar dijo que existe una resolución judicial que pide «un proceso de diálogo» para que se convoque a un «congreso de unidad» en la entidad de defensa de los derechos humanos.
«Hemos agotado, hemos insistido en el diálogo (y) hemos exhortado a la señora Carvajal a que nos reunamos y dialoguemos. Hoy es ella quien rompe el diálogo», afirmó en declaraciones a los medios.
El activista mencionó que tiene «abundante documentación» que le respalda como presidente de la Apdhb, por lo que ha continuado los trámites para que se le entregue el «derecho propietario» de la sede y se autorice el ingreso.
La semana pasada, Carvajal entregó una carta al presidente Arce pidiéndole que «interponga sus buenos oficios» para que la sede de la Apdhb se devuelva a «sus propietarios legítimos».
La activista española reiteró que no dialogaría con Salazar al considerarlo un «avasallador» de la organización.
Carvajal, nacida en Riaño (España), ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos en Bolivia desde hace más de 50 años.
Desde entonces ha mantenido una posición crítica a los Gobiernos del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) y del actual mandatario Luis Arce, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS).
El bloque de Salazar acusa a Carvajal de vulnerar los estatutos y reglamentos internos y sostiene que el mandato de la activista española concluyó en 2018 y que desde entonces ella «no ha vuelto a convocar a ningún congreso».