La presión por romper la cuarentena crece, no solamente por los bloqueos aislados de algunos grupos radicales, sino por las debilidades de las autoridades en hacer cumplir las normas, y la progresiva pérdida de credibilidad del gobierno por errores políticos que han distorsionado el proceso democrático, y perjudicado la lucha contra la pandemia. Nadie en su sano juicio hubiese puesto en duda las buenas intenciones y la labor del gobierno de transición, de velar por la salud y la democracia, especialmente porque llegó ante un consenso popular que hizo posible la sucesión, con un mandato específico dirigido a restablecer la institucionalidad destruida por el MAS, y recuperar el proceso democrático atropellado por un escandaloso fraude electoral.
Pero la decisión de la presidenta de convertirse en candidata para las próximas elecciones, cambió el mapa democrático y las precarias bases que la oposición al régimen de Evo Morales había logrado estructurar, con la posibilidad en ciernes de unir a todas las corrientes en aras de la democracia. Ahora todo acto oficial es visto como parte de una campaña electoral, y hasta los hechos más urgentes, necesarios y positivos, son vistos con desconfianza.
Esta situación es aprovechada por el masismo en su intención de volver al poder, sirviéndose de su mayoría parlamentaria, de los intereses afectados al narcotráfico y empleando los resabios del anterior régimen que quedan en gobernaciones, municipios, instituciones públicas y en organizaciones sociales.
La imposibilidad de hacer respetar el principio de autoridad ha desembocado en decisiones sectoriales a todo nivel. Los industriales se zafaron de la cuarentena, el comercio está trabajando, el agro nunca paró, y la presión de estos y otros sectores logró romper la cuarentena a pesar de que las ciudades más densamente pobladas decidieron mantener las medidas de restricción y distanciamiento social.
Los casos de la sede de gobierno y de la ciudad de El Alto, muestran con toda nitidez la debilidad de las autoridades nacionales, la complacencia cómplice de los alcaldes, y la irresponsabilidad de los dirigentes de los sectores más conflictivos, ya que juntos acordaron flexibilizar las medidas de contención. De nada sirvieron las advertencias de los especialistas de que lo peor está por venir. El propio gobierno ha anunciado que espera más de ocho mil infectados en los próximos días.
Pero más pesan las presiones y la política, y en una reunión entre autoridades nacionales, departamentales y municipales se concertó ya «los parámetros» para el reinicio de las actividades en el transporte público, medida esencial para el retorno al trabajo y a las actividades de todos los demás sectores. Es necesario advertir que las consecuencias de esta decisión no pueden ser ignoradas. Quienes son parte de esta decisión, tendrán que asumir responsabilidad sobre lo que ocurra, ya sea por haber propuesto la ruptura de la cuarentena y por exponer a la gente, o por incapacidad de explicar coherentemente y persuadir de la realidad; o por omisión e incumplimiento en el ejercicio de sus facultades legales. La democracia obliga a consultar al pueblo, atender sus necesidades, escuchar sus demandas e inquietudes.
La democracia no es tal si no es capaz de garantizar la expresión de todos los discursos posibles, excepto aquellos que atentan contra la misma democracia, contra la salud de la población, contra los intereses de la colectividad; y eso es lo que hoy está presente en el escenario político ante la mirada pasiva de las autoridades responsables del cumplimiento de la Constitución Política del Estado y el ordenamiento legal.
La democracia solamente se consolida mediante el cumplimiento de la Ley, el respeto a las normas y el permanente fortalecimiento de las instituciones y organismos fundamentales -poderes del Estado- que son los encargados de preservar los derechos, garantías y libertades ciudadanas y, fundamentalmente, de velar por el bienestar de la ciudadanía. Donde flaquean estos pilares de la convivencia, corre riesgo la democracia, y si algunos de estos Órganos de poder actúan en contra del pueblo, se corre el riesgo de una fractura institucional, como ocurre en este momento con la Asamblea Legislativa, que ya no representa a la ciudadanía, sino a los intereses de un sector que lleva la bandera de la ilegalidad.
La autoridad emana de la Ley e implica obediencia del ciudadano en aras del bien común. Tanto quien desconoce la autoridad legal como quien la resigna, son pasibles a sanciones contenidas en el ordenamiento legal. En otras palabras, el que incumple las normas o el que no las hace respetar, deben rendir cuentas ante la justicia.