Las autoridades informaron este sábado sobre la captura de un hombre que estaba prófugo y que es el principal sospechoso del feminicidio e infanticidio de una joven de 23 años y su hija de 2 que fueron degolladas.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, publicó en sus redes sociales que el hombre, identificado como Diego W.Ch.M., fue aprehendido en la localidad de Taypiplaya, en el departamento de La Paz «y será puesto ante las autoridades correspondientes».
Por su parte, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, explicó que «esta persona tenía en su contra una orden de aprehensión» que fue emitida cuando se hizo el levantamiento de los cuerpos de las víctimas, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.
El hombre «estaba prófugo y este sábado la Policía Boliviana ha logrado ejecutar la orden de aprehensión emanada por el fiscal, se lo encontró camino a Caranavi a donde se había escapado», indicó Alave.
Ahora se le tomará su declaración y luego será imputado «y puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional”, agregó.
Diego W.Ch.M. está acusado por la muerte violenta de su exnovia, Samantha N.C., y su bebé de 2 años, un suceso que causó conmoción en la sociedad boliviana.
El fiscal de Delitos contra la Vida, Edwin Sarmiento, indicó que el hecho se conoció el pasado miércoles, cuando la hermana mayor de la joven se presentó a la Policía para denunciar que recibió una llamada de una hermana del acusado, quien le manifestó que habría cometido ambos crímenes en el cuarto donde vivía en La Paz.
Junto a la Policía se dirigieron al domicilio y allí encontraron a madre e hija sin vida, según las investigaciones de la Fiscalía.
De acuerdo a la autopsia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) la joven y la bebé murieron por shock hipovolémico por degüello con arma punzocortante.
Los familiares de la víctima comentaron a los medios que el hombre la seguía buscando pese a que ellos terminaron su relación hace un par de años y exigieron que se haga justicia.
Los datos de la Fiscalía dan cuenta de 41 feminicidios desde enero hasta el 16 de junio, mientras que hasta el 20 de junio se reportaron 8 infanticidios.
Hace más de una década en Bolivia se aprobó la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia que, entre otros, castiga el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la máxima pena en el país.
Sin embargo, las organizaciones feministas han reclamado varias veces que la norma no se cumple plenamente por las demoras judiciales, la falta de recursos económicos y de personal capacitado para atender las denuncias de violencia machista.
En julio del año pasado el Gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley para reformar y «fortalecer» esa norma, pero hasta el momento no se ha tratado.