El procurador general de Bolivia, César Siles, afirmó este martes que «no es un derecho humano ser reelegido» según lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en una opinión consultiva emitida en 2021, por lo que el expresidente Evo Morales «no tiene derecho a postularse nuevamente».
Siles se refirió de esta forma a la sentencia emitida a fines de diciembre pasado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que definió que la reelección indefinida no es un derecho humano como alegó el oficialismo para que Morales (2006-2019) aspirara a un cuarto mandato en los fallidos comicios generales de 2019.
El procurador señaló que la sentencia emitida en 2017 por el propio TCP que avaló la candidatura de Morales en 2019 quedó sin efecto por el nuevo fallo de diciembre, que se basó en la opinión consultiva de la CorteIDH.
«Corresponderá seguir los procedimientos de inhabilitación cuando seguramente el expresidente Evo Morales pretenda postularse, pero en el criterio del Tribunal Constitucional, de la CorteIDH y del suscrito procurador, él no tiene derecho, no es un derecho humano ser reelegido y no tiene derecho a postularse nuevamente en Bolivia», manifestó.
Siles recordó que la opinión consultiva de la CorteIDH «estableció que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos», ni por el cuerpo normativo del derecho internacional de los derechos humanos.
El funcionario sostuvo que esa opinión «es un instrumento de carácter vinculante y obligatorio para el Estado», ya que si bien se emitió a solicitud del entonces Gobierno de Colombia, se refirió específicamente a la reelección en Bolivia.
Las reelecciones
La Constitución limita a dos los mandatos consecutivos, pero Morales pudo presentarse a las elecciones de 2014 con el aval del Constitucional que validó su argumento de que su primer periodo no contaba porque el país se refundó como Estado Plurinacional con la Constitución de 2009.
Para habilitar su candidatura a los comicios 2019, el Movimiento al Socialismo (MAS) promovió un referendo en 2016 que, no obstante, le negó la reelección.
Pese a ese resultado adverso, el oficialismo volvió a acudir al TCP pidiendo que se aplique un artículo de la Convención Americana de los Derechos Humanos para permitir que Morales aspire a un cuarto mandato en 2019.
El tribunal avaló en 2017 la reelección indefinida, al reconocer el derecho humano de los mandatarios a ser elegidos y del pueblo a elegirlos.
Pero el mismo Constitucional emitió en diciembre pasado la sentencia 1010/023 que estableció que en Bolivia el presidente y vicepresidente solo pueden ser electos y ejercer un mandato por dos períodos, ya sean continuos o discontinuos.
El TCP se acogió a la resolución de la CorteIDH que estableció que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano.
Postura oficial
Siles reconoció que si bien en su momento la sentencia del TCP de 2017 era vinculante y había que cumplirla, el mismo tribunal definió ahora que se debe aplicar con preferencia la opinión consultiva de la CorteIDH.
También aclaró que la sentencia que avaló la reelección indefinida «en ningún momento dejó sin efecto los artículos de la Constitución» que la impedían, sino que dijo que «se inaplica estos artículos porque el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica tiene preminencia».
«Pero ahora que la propia CorteIDH ha interpretado el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, tenemos que aplicar los principios y postulados de la opinión consultiva» de 2021, insistió.
Siles agregó que si finalmente Morales postula a los comicios de 2025, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) será «la única instancia competente para inhabilitarlo o habilitarlo».
Morales ha sido proclamado candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) por sectores oficialistas que le son leales, en medio de una pugna interna con el Gobierno de Luis Arce, que le acusó de haber «incumplido con su palabra» de no hablar de candidaturas al menos hasta 2024.
Los abogados de Morales han defendido que el gobernante sí está habilitado, pero el Gobierno de Arce sostiene que las sentencias constitucionales deben cumplirse.