El gobierno avanza sin pausas para la aplicación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito (SUS), frente a la expectativa general de la población que tiene la esperanza por fin de contar con asistencia médica sin costo para los pacientes, como ocurre en la mayoría de los países medianamente organizados. El proyecto de ley para poner en vigor el nuevo sistema ya se encuentra en el Senado, después de que la Cámara de Diputados aprobara la norma, mientras persiste la resistencia del Colegio Médico y de las organizaciones del sector de salud que han efectuado observaciones, especialmente sobre los recursos que garanticen el cumplimiento del programa.
Pero el gobierno garantiza la sostenibilidad del SUS. Por lo menos ese ha sido el compromiso de la ministra, Gabriela Montaño, quien participó de la sesión de la Cámara de Diputados, explicando la base del proyecto que contempla la construcción de 49 nuevos hospitales, cuatro de cuarto nivel, 12 de tercer nivel y 33 de segundo nivel, que estarán distribuidos en los nueve departamentos, y la inversión inicial de 200 millones de dólares.
Para poder aplicar el SUS desde el 1 de marzo, el Gobierno pretende que se utilice clínicas privadas, para lo cual la ley en curso de tratamiento en el Senado contempla un artículo transitorio que autoriza la compra de servicios de clínicas privadas, hasta que se cuente con equipamiento e infraestructura en los centros de salud del Estado.
El Colegio Médico de Bolivia elaboró un «proyecto alternativo» denominado «Por una salud para todos», que busca establecer un seguro médico con nuevas fuentes de financiamiento. Pero el gobierno desahució los planteamientos de los médicos, de manera que el plan fue entregado a los candidatos a la presidencia para que sea aplicado si la oposición logra ganar las próximas elecciones.
Según la propuesta se requiere 400 dólares anuales por cada persona beneficiada por este seguro, lo que representa un total de mil 600 millones de dólares anuales para poner en marcha este beneficio. Para financiar ese proyecto los médicos proponen varios impuestos, entre ellos uno a la producción de la hoja de coca, así como a las prácticas insalubres, además de destinar un 10% de los impuestos recaudados.
Lo ideal hubiese sido que se llegue a un acuerdo para ofrecer a la población un servicio de salud responsable y sostenible en el tiempo. Recordemos que los médicos, que se sentaron varias veces en mesas de negociación y también la abandonaron, observan la aplicación del SUS sin antes contar con los recursos financieros necesarios, condiciones de infraestructura, esto es hospitales y equipamiento y suficientes medicamentos e insumos, para no tener que atender en camillas en los pasillos. Es necesario comprender que con el mismo presupuesto no se puede atender a cinco millones más de asegurados. El gobierno anunció el destino de 200 millones de dólares, suma que es considera insuficiente, ya que una estimación anterior señalaba que se requiere de por lo menos mil 200 millones de dólares anuales para sostener el SUS, además de contar con la norma legal que respalde estos ingresos.
La ministra Montaño explicó que las observaciones de los médicos al proyecto de Ley del SUS no tienen fundamento.
Ratificó que está garantizado el presupuesto para la implementación del SUS, que beneficiará a más de 5 millones de bolivianos que no tienen un seguro médico.
En la situación actual el problema de la salud en nuestro país se muestra sin solución dejando a la mayoría de la población a su suerte. Los males propios del sistema son agravados por la irresponsabilidad de quienes tienen el deber, llámese médicos y autoridades responsables del área de salud y la obligación de trabajar porque funcionen los hospitales y centros especializados con un presupuesto que cubra todas las necesidades, es decir, con los medios y recursos suficientes, pero también con profesionales idóneos, instalaciones adecuadas, instrumental, medicamentos, y todo lo necesario para garantizar la vida y recuperación de los pacientes.