La Procuraduría General del Estado (PGE) informó este miércoles que el exministro de Gobierno Arturo Murillo, detenido en EE.UU., deberá pagar al Estado boliviano más de seis millones de dólares por «reparación de daños» en el caso de la compra irregular de gases lacrimógenos con sobreprecio.
La Procuraduría explicó en un comunicado que para este caso contrató en EE.UU. al consorcio jurídico Greenberg Trauring PA para demandar a Sergio Méndez, exjefe de gabinete del exministro, y a Murillo en Miami, donde está detenido el exfuncionario del Gobierno interino de Jeanine Áñez.
Murillo, detenido en EE.UU. en mayo de 2021 junto a Méndez, fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y en enero de 2023 fue sentenciado a cinco años y diez meses de cárcel.
Según la Procuraduría, Murillo fue condenado por «reparación de daños» y debe pagar al Estado boliviano 6,2 millones de dólares.
La PGE también señaló que «gestionará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la vía diplomática se autorice por parte del Departamento de Estado de los EE.UU., la devolución de los dineros confiscados al momento de las aprehensiones realizadas».
En octubre de 2022 Murillo se declaró culpable de conspiración para lavar dinero proveniente de sobornos que recibió a cambio de «ayudar» a una empresa estadounidense para obtener un contrato de 5,6 millones de dólares para proporcionar gases lacrimógenos y otros equipos militares a Bolivia durante la gestión de entonces presidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020).
Áñez asumió el poder en noviembre de 2019, luego de que Evo Morales (2006-2019) renunciara a la Presidencia en medio de violentas protestas en el país tras los comicios que lo daban como ganador para un cuarto mandato consecutivo, que luego fueron anulados entre denuncias de corrupción que para el oficialismo fue «un golpe de Estado» en contra del entonces mandatario.
Según documentos judiciales, el exministro recibió al menos 532.000 dólares en pagos de sobornos por una empresa con sede en Florida.
Méndez fue deportado por Estados Unidos la semana pasada y fue trasladado a una cárcel y enfrenta un proceso por el delito de legitimación de ganancias licitas.