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lunes, noviembre 29, 2021
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Gremios se radicalizan y exigen la abrogación de polémica ley

Transportistas, comerciantes y otros sectores iniciaron este jueves varias movilizaciones para exigir la «muerte a la ley 1386» de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo y advirtieron con radicalizar las medidas.

Los sectores movilizados habían dado un plazo de 72 horas, que se cumplieron este miércoles, al Gobierno para la revocación total de la norma también conocida como «ley madre», que fue aprobada en agosto, y que consideran «vulnera los derechos del pueblo boliviano».

Los gremios habían llamado para este jueves y viernes a un paro de 48 horas, sin embargo, varios sectores prefirieron salir a marchar en las principales ciudades del país.

Las numerosas movilizaciones se registraron en La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Oruro mientras que en la ciudad de Potosí sí se acató el llamado a paro.

«Modificaciones por decreto»

Uno de los artículos más polémicos es el que señala que la «Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, previa consideración y aprobación del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo».

Según las plataformas ciudadanas y los diferentes gremios, ese artículo da potestad al Gobierno de Luis Arce para que pueda hacer modificaciones por decreto y sin pasar por el Legislativo.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) afirmó que la ley 1386 pretende «imponer un totalitarismo económico y financiero en contra de la sociedad civil».

«El propósito de la misma es generar acciones de inteligencia financiera contra la población, control de las actividades económicas del pueblo, persecución y amedrentamiento eximiendo de todo este proceso a la principal actividad ilegal generadora de ganancias ilícitas, cual es el narcotráfico», añadió.

Rechazan fines políticos

Para el Gobierno detrás de las movilizaciones están grupos opositores que buscan «generar desestabilización».

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, dijo este jueves que «es un fracaso esa convocatoria, porque era político, era mentiroso y era dañino para la reconstrucción de la economía del pueblo boliviano».

En la ciudad de Santa Cruz los gremios marcharon por las principales vías e insistieron en que sus demandas no tienen tinte político, como lo han señalado el Gobierno y sectores afines al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

Los manifestantes «quemaron» de manera simbólica un ataúd que encima tenía el mensaje «muerte a la ley 1386» y pidieron a las autoridades entre rezos y oraciones ser escuchados y atender sus necesidades.

«Queremos hacer entender al Gobierno que esto no es político, esto es en defensa de la democracia y de todos los sectores a los que les afecta esta ley», dijo a Efe Edgar Álvarez, secretario ejecutivo de la Federación departamental de gremiales, quien señaló que «seguirán en las calles» hasta que el Gobierno los escuche y se abrogue la «ley madre».

En Cochabamba centenares de comerciantes salieron a las principales calles de la ciudad con mensajes como «gremiales unidos jamás vencidos» y «no al atropello con la ley 1386».

«Lamentablemente el Gobierno no ha invitado ni escuchado el pedido de los gremiales por eso hoy salimos a las calles (…) estamos en un descontento total y estaremos todos los días hasta que el Gobierno derogue la ley 1386», dijo a Efe Carlos Calcina, representante del sector gremial en Cochabamba.

Calcina al igual que representantes de otros sectores advirtieron que a partir del lunes 25 de octubre radicalizarán las medidas con bloqueos.

En La Paz marcharon por el centro de la ciudad al coro de «abrogación» y con mensajes «no somos de derecha, no somos de izquierda, somos el pueblo», también en otro sector los movilizados recorrieron las calles al ritmo de música.

«Estamos aquí por las leyes malditas que nos ha implantado el Gobierno», afirmó a Efe Arturo del Marco, miembro del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) de La Paz.

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