Varios países de la región sufren devastadores incendios forestales. El fuego se ha convertido en el principal enemigo de la fauna y flora silvestre, ocasionando que cientos de especies se acerquen al peligro de extinción. El satélite Windi.com muestra imágenes de los puntos donde hay fuego con cientos de señales en Brasil y Bolivia, y algunas en Perú y Paraguay. El humo llega a las principales ciudades de la región. En Bolivia se han perdido hasta esta semana más de 854 mil hectáreas de bosques, según reportes oficiales y hay fuego en por lo menos cuatro departamentos. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que hasta el domingo había 24 incendios activos en Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca y advirtió que el fuego ya ingresó a dos reservas naturales.
Pero, esta autoridad argumento que «hay una reducción en comparación con los años anteriores». En una declaración por la televisión estatal, dijo que se espera que no se pase del millón y medio de hectáreas quemadas este año. Recordó que en 2019 se quemaron 5,3 millones de hectáreas; en 2020, más de 5 millones; y en 2021, alrededor de 4,2 millones de hectáreas. Es decir que en los últimos cuatro años han ardido más de 15 millones de hectáreas de bosques. Se trata de un verdadero atentado contra la naturaleza, una violación flagrante contra los «derechos de la madre tierra» que con bombos y platillos se hizo aprobar ante la Organización de Naciones Unidas, y otra transgresión más a la Constitución Política del Estado.
Todas las poses demagógicas sobre la defensa del medio ambiente han quedado expuestas como una falsedad, mientras la impunidad estremece frente al sacrificado trabajo de bomberos y voluntarios; ayuda internacional y de algunas organizaciones; sacrificio de pueblos indígenas y comunidades rurales que se ven afectadas por los incendios que atentan, además, contra la salud de la población en general. No hay un solo detenido ni investigado por provocar incendios, pese a las denuncias de evidentes acciones depredadoras. El sábado pasado, la Unidad de Bomberos de Santa Cruz advirtió que los incendios en la región son «provocados» por personas y que la situación tiende a empeorar debido a las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos. Santa cruz es el departamento más afectado con 17 incendios en 15 municipios. En Beni se registraron cinco incendios activos en tres municipios, y en Tarija se registró un incendio en Yacuiba y otros en el Departamento de Chuquisaca. En lo que va del año se han atendido más de 331 incendios, cifra que supera a la registrada en 2021, cuando se contabilizaron solo 250. La cantidad también está a punto de alcanzar los registros de 2020, con 348 emergencias por incendios, y ya superó los de 2019, cuando se vivió la peor catástrofe en la Chiquitania y se alcanzaron 307 incendios. «La situación de los incendios forestales es crítica por la gran cantidad de emergencias que se están presentando y que han puesto en riesgo a comunidades», dijo Yovenka Rosado, directora de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz.
Frente a la dejadez de las autoridades se ha hecho un llamado a organismos internacionales para que vigilen lo que está ocurriendo en Bolivia con la devastación de aéreas forestales. La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) exigió al Gobierno asumir medidas para evitar que el fuego llegue a las reservas naturales y se alcancen magnitudes incontrolables como en 2019. Un informe de la agencia de noticias ANF, detalla la demanda indígena que exige «que, de manera urgente, las autoridades llamadas a resguardar las Áreas Protegidas, gobiernos municipales, departamentales y nacionales, tomen medidas para evitar que estos incendios alcancen magnitudes ocurridas en la Chiquitania en 2019. Ya que como siempre son las poblaciones locales civiles que, en condiciones precarias, enfrentamos estos siniestros en nuestros territorios y Áreas Protegidas», dice el comunicado de esa organización.
En el comunicado, la Contiocap señaló que las regiones de la Reserva de Vida Silvestre de Tucabaca, en Roboré y en la Región Amazónica, donde se encuentran las Áreas Protegidas Itenez, Ibare – Mamoré, están siendo afectadas por el fuego. Los indígenas deploraron que estos atentados a la naturaleza están amparados por normativas incendiarias entre el empresariado agrícola y el Gobierno nacional. A la vez, cuestionaron que no existan sanciones más graves contra aquellos que incurren en el desmonte de los bosques de forma ilegal, que afecta a la flora y fauna de las áreas en reserva y al hábitat de las comunidades indígenas. «Las sanciones según el art. 6 de la Ley 337, no son proporcionales al desastre que ocasionan que van de 39-235 UFV aplicables a comunidades, pequeña, mediana y grandes empresas, constituyéndose en impulsores indirectos de los desmontes por la impunidad que representan; permitiendo que las áreas protegidas, la biodiversidad, las fuentes de agua, y medios de vida de nuestros pueblos indígenas originarios sigan siendo incinerados cada año», señala otra parte de la nota transcrita por ANF. Por otra parte, pidieron a los organismos internacionales en defensa de los derechos humanos vigilar estos hechos de crisis ambiental, que contribuye con la destrucción de los pueblos originarios.