Representantes de los sectores industriales de Bolivia, Perú y Chile dialogaron este jueves en La Paz sobre las fuertes afectaciones que les deja el contrabando, las repercusiones en las economías nacionales y los retos para los privados y los gobiernos ante ese delito trasnacional.
El seminario internacional «Del comercio informal al crimen organizado: Los desafíos de la región frente al contrabando» reunió a los representantes de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia y de la Sociedad Nacional de Industriales (SNI) de Perú en La Paz.
También participaron el viceministro de Lucha contra el Contrabando de Bolivia, el general Daniel Pedro Vargas, y el jefe de Control Operativo de la Intendencia de la Aduana de la región de Puno, Perú, Pietro Boggero.
Desde Santa Cruz se conectaron de forma telemática los delegados de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de ese departamento y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC) de Chile.
En declaraciones a EFE, el presidente de la CNI, Pablo Camacho, señaló que «es un evento único», pues es una «interacción entre tres países, entre gremios industriales nacionales» que identificaron «un problema común que es el contrabando y el crimen organizado».
Según Camacho, ese triángulo de oro que es la zona de la frontera tripartita que comparten los tres países «debería ser un triángulo de desarrollo y no la base de una mafia organizada», como ocurre actualmente.
«Estamos alertando y preocupados porque estamos perdiendo el Estado de derecho en los tres países ante el establecimiento de grandes mafias y de crimen organizado» en las fronteras, manifestó.
Recordó que, en el caso de Bolivia, se estima que en 2022 el contrabando alcanzó los 3.331 millones de dólares y la evasión fiscal los 930 millones.
El presidente de la CNI expresó su deseo de que a partir del evento haya una mayor interacción entre las cámaras de industrias y que después también se reúnan las fuerzas encargadas de la lucha contra el contrabando.
Al inaugurar el encuentro, Camacho manifestó que el contrabando «es el eslabón final de muchas actividades ilícitas que deben preocuparnos», algo que fue mencionado constantemente por otros expositores.
La gerente de Asuntos Internacionales de la SNI, Silvia Hooker, indicó que el contrabando en el sur de Perú está relacionado con otras «economías ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico y el lavado de activos».
«Por ello es imperativo que el Estado revise sus políticas en esa materia y proponga medidas eficaces para abordar esa problemática de manera integral», sostuvo.
A su turno, Pietro Boggero precisó que se calcula que en 2022 el contrabando que ingresó a Perú alcanzó los 594 millones de dólares, de los que casi el 60 %, 349 millones, entraron por el sur de ese país.
Boggero señaló que en el sur peruano hay comunidades que resisten con violencia los controles contra el contrabando porque viven de esa actividad ilícita, algo que también ocurre en Bolivia, según denunció el general Vargas.
En el caso de Chile, uno de los principales problemas es el contrabando de cigarrillos, explicó el presidente de la CNC de Chile, José Pakomio.
Según Pakomio, el 37,4 % del mercado de cigarrillos en Chile es ilegal y el 6 % de la mercancía proviene de Paraguay, con un impacto fiscal que ronda los 800 millones de dólares.