El Gobierno aprobó un decreto presidencial que regula la utilización de mercurio, frecuentemente aplicado en la minería aurífera, con la finalidad de «reducir» el impacto en el medioambiente y «proteger» la salud humana.
La norma, que ya fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado, establece la creación de un Registro Único de Mercurio (Rume) aplicable «a toda persona natural o jurídica, pública o privada» y una Autorización Previa para la importación o exportación del metal.
Asimismo, el decreto encarga al Ministerio de Medio Ambiente y Agua la solicitud de un «criterio técnico» sobre la «cantidad solicitada y el uso declarado» de mercurio que no debe sobrepasar los 20 días a partir del requerimiento.
También encarga una reglamentación y la notificación a la Aduana Nacional para que «adecue su sistema informático» para el cumplimiento del decreto.
La utilización de mercurio está relacionada con las actividades mineras, principalmente la aurífera, que en Bolivia opera principalmente en los ríos de la cuenca amazónica con mineros organizados bajo el sistema de cooperativas.
En el último tiempo, la utilización de mercurio en el país ha generado una amplia discusión, puesto que sus residuos tóxicos causan efectos negativos en el medioambiente, principalmente agua y suelos, y en la salud humana, ya que ocasionan daños neurológicos y otras afecciones.
El pasado martes, un estudio presentado por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz basado en 302 muestras de cabellos de varias personas pertenecientes a 36 comunidades originarias amazónicas del norte del país estableció que los niveles de mercurio están por encima de lo permitido.
Entre los resultados se destacó que el 74 % de los análisis, equivalente a siete de cada diez pruebas, establece un nivel alto de presencia de mercurio con un promedio de concentración de 3,93 partes por millón (ppm).
La valoración también señaló que los niños «son los más afectados» en estos casos puesto que tienen problemas de aprendizaje y enfermedades constantes, además que las mujeres presentan problemas durante la gestación.
A principios de año, el Gobierno del presidente Luis Arce anunció la creación de dos proyectos como el Plan de Acción Nacional (PAN) y el PlanetGOLD Bolivia orientados a los operadores auríferos con el fin de reducir progresivamente el uso de mercurio en esa actividad.
Bolivia firmó el Convenio de Minamata, cuyo objetivo «es proteger la salud humana y el medioambiente de los efectos adversos del mercurio», en 2013, y lo ratificó mediante una ley promulgada en 2015.