La Compañía de Jesús en Bolivia negó una supuesta responsabilidad institucional en los casos de pederastia que cometieron algunos sacerdotes y por los que este martes algunas víctimas presentaron una denuncia contra el superior de la orden en el país.
«Los delitos que pudieran haber cometido algunos jesuitas son de íntegra responsabilidad de ellos mismos y la Compañía de Jesús en Bolivia será la primera en proporcionar sanciones que merezcan (…) y no ve ningún sentido a la demanda presentada», señaló la orden en un comunicado.
Los exalumnos del colegio Juan XXIII, en la ciudad de Cochabamba, presentaron una denuncia contra el superior provincial de los jesuitas, Bernardo Mercado, al considerar que la congregación católica tuvo una responsabilidad «institucional» en los casos en los que se acusa a nueve jesuitas por pederastia.
Además figuran ocho exprovinciales que, según los denunciantes, tenían conocimiento de los abusos que cometieron los jesuitas y que deben responder como «cómplices y encubridores».
La denuncia se basa en el «bloque de constitucionalidad» que considera que los miembros de la organización religiosa cometieron «violaciones sistemáticas» hacia una población concreta y se consideran de «lesa humanidad», pues, no prescriben.
Al respeto, la Compañía de Jesús remarcó que los delitos denunciados «son de índole personal» y que esas responsabilidades individuales «deben ser castigadas, determinadas y sancionadas por la justicia».
«La Compañía de Jesús reafirma que su deber institucional está siendo cumplido y garantizado, con la prioridad de que las víctimas encuentren justicia», agregó.
Los casos de pederastia en la Compañía de Jesús salieron a la luz en mayo pasado cuando el medio español El País publicó en una investigación el contenido del diario del jesuita español Alfonso Pedrajas, en el que relata los presuntos abusos que cometió contra menores en Bolivia.
En ese texto, el religioso fallecido en 2009, hace referencia a los presuntos abusos que perpetró a decenas de niños cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII en Cochabamba, desde 1971.
En 2019, EFE dio a conocer el caso del sacerdote Luis Roma, ya fallecido, a través de la denuncia de un exmiembro de la Compañía de Jesús, que pidió el anonimato, y que basó las acusaciones en una treintena de fotografías explícitas en las que dijo reconocer al agresor de varios menores de entre 6 a 12 años.
A raíz de estos hechos, la Fiscalía inició una investigación en varios departamentos del país por las denuncias de pederastia que involucra mayormente a sacerdotes católicos.
En mayo pasado, el Gobierno de Luis Arce presentó un proyecto de ley para que los delitos sexuales contra menores de edad no prescriban, mismo que fue rechazado por el Parlamento hace unos días, lo que generó las protestas de varios sectores defensores de la infancia y la adolescencia.