La Fiscalía admitió este jueves una denuncia contra los magistrados de altos tribunales del país que extendieron su mandato, luego que el año pasado no se efectuaron los comicios judiciales que manda la Constitución.
El fiscal de Chuquisaca, Mauricio Nava, dijo en una rueda de prensa que «se ha admitido la denuncia» que presentaron varios legisladores de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) por «usurpación de funciones» contra los magistrados de altos tribunales del país que se mantienen en sus cargos.
Nava precisó que la admisión de la denuncia establece que «se han cumplido los requisitos de forma» por lo que ahora el caso está en manos de un juez.
Asimismo, se ha conformado una comisión de tres fiscales quienes «van a proseguir con la investigación» mediante la solicitud de información, indicó el fiscal departamental.
El martes, un grupo de parlamentarios de CC llegó hasta Sucre para pedir al fiscal general, Juan Lanchipa, una investigación por la extensión del mandato de los magistrados.
Un día después, el magistrado del Tribunal Constitucional Carlos Calderón renunció bajo el argumento de que la resolución de extensión del mandato de los jueces de altos tribunales del país fue «mal entendida» y «tergiversada», por lo que consideró «inviable» su continuidad en el cargo».
También trascendió a los medios que otra juez del Constitucional tomó la misma decisión.
En diciembre pasado, el Constitucional dictó un fallo que amplió el mandato de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura para evitar un «vacío de poder», por la no realización de los comicios judiciales en 2023 y hasta que se realicen unos nuevos este año.
El mandato de los altos magistrados de los principales tribunales del país debía concluir este 2 de enero.
La Constitución, promulgada en 2009, introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los máximos tribunales del país, con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir a jueces afines al oficialismo.
Durante 2023, el proceso de preselección de candidatos no avanzó por medidas dispuestas por salas constitucionales y además por las peleas internas en el MAS, que dificultaron la aprobación de leyes en el Parlamento.