La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló al Estado de Nicaragua como principal responsable de graves violaciones a los derechos de quienes participan en las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, incluidas ejecuciones extrajudiciales, en un informe que fue rechazado por el Ejecutivo sandinista.
Este miércoles la Acnudh emitió en Ginebra y Managua un informe en el que señala al Gobierno de Ortega por el «uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica», entre otras violaciones a los derechos humanos, contra cualquier persona que opine distinto al Ejecutivo.
También denuncia «la grave crisis de Derechos Humanos desde inicios de la protesta», que comenzaron el pasado 18 de abril, que «se ha caracterizado por múltiples formas de violencia y de represión, que ha dejado al menos 300 muertos y 2.000 heridos o afectados».
Asimismo, advierte que el Gobierno no ha reconocido ninguna responsabilidad por actos ilícitos o indebidos, sino que ha culpado a otros de la «violencia golpista».
En su informe, la Acnudh recomienda al Estado poner fin al hostigamiento, intimidación y criminalización de las personas asociadas a las protestas, desmantelar y desarmar a los elementos armados progubernamentales, parar las detenciones arbitrarias, y liberar a los manifestantes que se encuentran detenidos.
En su documento de respuesta, el Ejecutivo «rechaza de manera integral el denominado informe presentado por la Acnudh, por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado, redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición y ausente del debido cuidado en su redacción de manera objetiva».
«El Estado de Nicaragua no está de acuerdo con el contenido y las recomendaciones del denominado informe, por estar basadas en valoraciones e informaciones parcializadas y subjetivas, lo que en consecuencia y de manera lógica induce a recomendaciones innecesarias y sin fundamento», sostiene el Gobierno.
Además, considera que el Acnudh se extralimitó en sus funciones y que la crisis se debe a un golpe de Estado.
Al respecto, el coordinador de la misión de la Acnudh, Guillermo Fernández Maldonado, dijo que no han encontrado indicios que ratifiquen esa versión.
«La información que hemos tenido acceso no apoya esa visión (intento de golpe de Estado) y desde las perspectivas de derechos humanos, si hemos encontrado una serie de acciones que están en contra del derecho internacional de los derechos humanos», remarcó Fernández.
Asimismo, afirmó que han encontrado obstáculos para realizar su misión en el marco de la crisis de Nicaragua, principalmente por la falta de colaboración del Gobierno cuando se trata de investigar a víctimas no oficialistas.
Desde su arribo en junio pasado, el Gobierno únicamente ha colaborado con la Acnudh al entregarle 40 denuncias de violaciones y abusos contra policías y miembros del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dijo Fernández.
«El centro de la actuación de la justicia está sólo para un lado. No hemos encontrado investigaciones respecto del otro lado, de los actos cometidos por la Policía o grupos armados progubernamentales», observó Fernández, quien lamentó la «inacción» de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
La ONU recomendó al Consejo de Derechos Humanos, a la Asamblea General y a la comunidad internacional considerar «la adopción de medidas para prevenir un mayor deterioro de la situación de derechos humanos» en Nicaragua.
Durante un acto partidario, Ortega cargó contra la ONU y criticó ese informe.
«Para ellos (Acnudh) los terroristas golpistas son unos angelitos, que no torturaron a nadie, no mataron a nadie», reprochó Ortega, en alusión a los que se manifiestan contra su Gobierno.
Según el mandatario, «ya nadie cree» en los organismos humanitarios internacionales, incluido el de la ONU, porque, a su juicio, «son instrumentos de la política del terror, de la muerte, de la mentira, de la infamia».
«Son infames», lanzó el líder sandinista, quien insistió que la crisis en Nicaragua fue provocada por los «golpistas asesinos que vinieron a romper la tranquilidad de un pueblo, que vinieron a matar, a destruir hospitales y escuelas públicas, y la economía de nuestro país».
«Por eso se lanzaron con tanta furia, por eso se lanzaron con tanta rabia, como perros rabiosos, para destruir Nicaragua», acusó.
Desde abril pasado, miles de nicaragüenses han salido a las calles a protestar contra Ortega en el marco de una crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos, según organismos humanitarios internacionales y locales, mientras el Gobierno reconoce 198 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.