La polémica expropiación que Argentina hizo en 2012 de YPF, bajo el Gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández, se ha saldado casi una década después con una dura condena contra el Estado suramericano, que deberá pagar 16.000 millones de dólares, aunque apelará la sentencia.
La jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló este viernes a favor del fondo Burford Capital, que impulsó la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España, Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, antes pertenecientes al grupo argentino Petersen, que tenía un 25 % de acciones en YPF-, al que se sumó Eton Park -fondo estadounidense que tenía el 2,9 % de YPF-.
Los demandantes habían alegado que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a la española Repsol -dueña del 51 % de YPF expropiado-, tal como lo establecía el estatuto de la petrolera, y el fallo conocido hoy obligó a que Argentina abone el mayor monto posible: 16.000 millones de dólares.
La expropiación de YPF ocurrió durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y con el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía.
El 16 de abril de 2012, el Gobierno argentino declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 % de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol; unos días después, el 3 de mayo, el Congreso del país suramericano aprobó la ley de expropiación de YPF.
En un fallo de 25 páginas, la jueza dio la razón a Burford, porque consideró que Argentina toma el control el 16 de abril (y no el 7 de mayo, cuando se publicó la ley de expropiación); la tasa de interés que debe aplicarse es 8 % (y no 0 %, como pretendía Argentina) y que el P/E ratio, un componente fundamental de la fórmula que determina el valor que debe pagar el país por las acciones, debe ser el más alto y beneficioso para el demandante.
Las declaraciones de Kicillof, que en su momento había tratado de «tarados» a los que «piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF», fueron también duramente criticadas por Preska en el fallo.
Mientras Argentina estimaba que le correspondería abonar cerca de 5.000 millones de dólares, la reclamación de la acusación por valor de 16.000 millones prevalecerá.
Apelación y cruce de acusaciones
Nada más conocerse el fallo, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, escribió en redes sociales que el Ejecutivo «apelará inmediatamente» y que el Gobierno argentino seguirá «defendiendo la soberanía energética» y la «empresa estatal YPF frente a los fondos buitres».
Las redes sociales también fueron el escenario en el que se enzarzaron la candidata opositora a la Presidencia, Patricia Bullrich, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien en 2012 fue la cabeza visible del proceso de nacionalización de YPF.
La exministra de Seguridad reclamó «que la guita (dinero) la ponga el kirchnerismo».
El político peronista reclamó: «Danos Vaca Muerta para la provincia de Buenos Aires que nosotros ponemos la guita» citando la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo, ubicada en Neuquén.
Kicillof agregó: «Además le pagamos al FMI los 45.000 millones de dólares que se fugaron ustedes», en alusión a la deuda contraída en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), de la misma formación que Bullrich.
Macri también escribió en la red social X: «Qué lástima que la mayoría se dejó llevar por esta locura destructiva», enlazando la noticia del fallo conocido hoy y un antiguo mensaje de la actual vicepresidenta contra él.
Un poco de historia
A finales de 2013, el Ejecutivo de Cristina Fernández y Repsol acordaron que la compensación consistiría en unos 5.000 millones de dólares en deuda argentina y la retirada de todos los litigios judiciales, trato ratificado en febrero de 2014 por su Consejo de Administración.
Pero derivado de aquella expropiación, el caso fallado hoy se remonta a 2015 y trataba de dirimir si Argentina debía compensar o no al resto de los inversores de YPF que argumentaron verse afectados cuando el Estado asumió el control mayoritario y no hizo oferta pública por el resto de títulos.
Argentina e YPF argumentaron en contra que la ley de 2012 impedía al Estado adquirir acciones adicionales y objetaron la legitimidad de la jurisdicción estadounidense para llevar adelante este caso, pero Preska dio por válidos los alegatos de los demandantes.