La reforma judicial en Bolivia que prometió el Gobierno del presidente Luis Arce «avanza» en «todos los temas» pese a que no existen «las mejores condiciones» para un «acuerdo nacional», que también incluya a la oposición, dijo en una entrevista con EFE el ministro de Justicia, Iván Lima.
La transformación de la justicia es aún un asunto pendiente después de la crisis política de 2019 y es una de las principales recomendaciones que instancias como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las Naciones Unidas han hecho al Estado boliviano.
A la luz de esos sucesos que ocurrieron en el último periodo del Gobierno del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) y de la mandataria interina Jeanine Áñez (2019-2020) se instó a Bolivia a establecer políticas para el resarcimiento a las víctimas de la violencia, prevenir violaciones de derechos y otras reformas como una mejora a la normativa sobre la violencia contra las mujeres.
«No podemos estar esperando las mejores condiciones o las condiciones favorables para darle una nueva justicia al país (…) estamos haciendo el máximo esfuerzo para lograr consensos», dijo Lima.
Desde principios de 2021 se han hecho varios intentos para definir un cambio a la Justicia con propuestas como una reforma constitucional y la conformación de una comisión de notables que luego se desintegró.
Además, se convocó a una «cumbre de Justicia» en 2022, que no se concretó, pues según Lima, ese encuentro solo podía funcionar «con todos los actores» con representación en el Parlamento y finalmente las fuerzas opositoras no «quisieron participar».
El ministro reprochó que los opositores en el Legislativo digan que buscan consensos para efectuar la transformación judicial, pero que en el momento dado, cuando «muchos de los temas necesitan dos tercios de voto» en el Parlamento, «desaparezcan» o asuman la postura de «bloquear» o «no votar».
La recomendación de un «acuerdo nacional» sobre la justicia, otro tema pendiente, fue una propuesta del relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, el peruano Diego García-Sayán, durante una visita al país hace un año.
Mejoras y pendientes
Con todo, Lima consideró que la justicia «está mejorando» y dijo tener «datos verificables» que lo demuestran, pese a los constantes cuestionamientos dentro y fuera de Bolivia sobre la demora en la reforma.
El ministro de Justicia mencionó fortalezas como los «cargos completos» en el poder judicial, la instauración de la tecnología en los procesos judiciales, la aplicación de una política judicial como la que se asume ante los feminicidios, entre otros.
Sin embargo, según la Fiscalía, en el país hay una mora procesal para 2023 de más de 150.000 casos, además, de que en promedio cada fiscal en el país debe atender al menos unos 300 procesos.
Lima destacó que se ha alcanzado un 85 % de sentencias en casos de crímenes de violencia machista en contraste con el 10 % de los procesos que se resolvían durante el Gobierno de Evo Morales.
La Administración de Arce presentó a mediados del año pasado una reforma a la ley 348 de protección a las mujeres que hasta ahora no ha sido tratada por el Parlamento, esto según Lima por la «falta de consensos» con las organizaciones de mujeres y por una cuestión de que esa norma puede aplicarse en todos los municipios.
Otro tema que le ha valido varias críticas es la independencia judicial en Bolivia, a propósito de polémicos casos como los procesos por la vía ordinaria en contra de Áñez, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos detenidos, entre otras causas hacia opositores.
El ministro Lima dijo estar «seguro» de que existe una independencia judicial y negó las acusaciones de la oposición de que el Gobierno «llama a todos los jueces para ordenarles qué sentencias dictar».
«No tengo una buena relación con el Órgano Judicial (…) tengo a la mayoría de los detractores de mi ministerio» en ese poder estatal y «tengo un enfrentamiento con varios de los jueces», señaló para desvirtuar los señalamientos contra el Gobierno.
Lima insistió en que el camino a seguir es el «fortalecimiento de la carrera judicial» para solucionar un «problema estructural» relacionado a la dificultad del Estado para «atraer los mejores recursos humanos».