La Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró sus denuncias de «irregularidades» en las últimas elecciones presidenciales en Bolivia al presentar la versión final del informe que desembocó en la salida del hasta entonces presidente, Evo Morales.
La OEA publicó la versión preliminar del informe el pasado 10 de noviembre, un documento que generó un terremoto político en Bolivia y que en pocas horas provocó un anuncio de repetición electoral por parte de Morales y su posterior renuncia.
En los comicios en cuestión, celebrados el 20 de octubre, Morales salió electo por cuarta vez como presidente boliviano al imponerse en primera vuelta por un margen superior a los diez puntos, según el recuento oficial a su principal rival, el exmandatario Carlos Mesa.
El informe final de la OEA publicado ayer, sin embargo, indicó que «las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato (Evo) Morales sobre el candidato (Carlos) Mesa».
El documento, fruto de una auditoría, asegura que «a partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas».
Entre las «acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección», según la OEA, se menciona «la paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP)» o conteo rápido.
«Todos los análisis del equipo técnico permiten determinar que la paralización del sistema TREP no fue un accidente ni una decisión basada en fundamentos técnicos. Fue simplemente una decisión arbitraria, cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática», subraya el documento elaborado por el organismo liderado por Luis Almagro desde Washington.
El informe, asimismo, denuncia que al reanudarse al día siguiente el sistema «apareció en escena un servidor oculto, no declarado y no controlado ni por la empresa auditora ni por el personal técnico del órgano electoral».
En ese sentido, los auditores detallan «una manipulación dolosa de los comicios en dos planos», por un lado, a nivel de las actas a partir de su alteración y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas y por el otro de los resultados a raíz del redireccionar el flujo de datos a dos servidores ocultos, lo que hizo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas.
«Los hallazgos detallados revelan, asimismo, la parcialidad de la autoridad electoral. Los vocales del TSE (Tribunal Supremo Electoral), quienes debían velar por la legalidad e integridad del proceso, permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral», se asegura.
El documento considera sus hallazgos «contundentes».
«El equipo auditor no puede ignorar el conjunto de manipulaciones e irregularidades observadas a través del trabajo en terreno y del análisis de las más de 200 denuncias y comunicaciones con información que se recibieron», defiende el texto, que concluye que «el margen de victoria en primera vuelta es mínimo si se lo compara con el volumen de las manipulaciones y alteraciones detectadas».
La versión preliminar del informe provocó un terremoto político en Bolivia tras días de protestas opositoras que desembocó en la renuncia de Morales y el acceso al poder de un Ejecutivo interino opositor sin mayorías legislativas presidido por Jeanine Áñez.