El Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, pidió el respaldo del pueblo y de los militares para avanzar en una transición política y cesar la «usurpación» en el poder de Nicolás Maduro, quien este jueves jurará de nuevo como presidente, lo que le mantendrá en el cargo hasta 2025.
En medio de la sesión ordinaria de este martes, la primera del año después de la instalación de la Cámara el pasado sábado, su presidente, Juan Guaidó, remarcó que el Legislativo precisa del respaldo de todos los sectores para lograr «las condiciones para un gobierno transitorio y nuevas elecciones dentro del marco de la Constitución».
«Por eso le hablamos a los militares, a la base política del (gobernante) Partido Socialista Unido de Venezuela, por eso le hablamos al pueblo de Venezuela porque necesitamos de su participación», dijo Guaidó.
En ese sentido, los diputados debatieron un anteproyecto de ley de transición, un instrumento que, estimó el jefe del Parlamento, buscará «ejecutar políticamente» un cambio de Gobierno que «sea efectivo en la solución de los problemas de la gente».
Remarcó que los diputados persiguen no solo «llenar el vacío» que dejará la «usurpación» de Maduro como presidente, sino cesarla.
Guaidó confirmó que el Parlamento no juramentará a Maduro el próximo 10 de enero y reiteró que el Legislativo cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, la Iglesia católica y el pueblo venezolano «para juntos lograr el respeto al estado de derecho, los derechos humanos y restituir el orden constitucional».
Con todo, los militares adelantaron que no escucharán el llamado del Parlamento y prometieron a Maduro «su irrestricto apoyo y lealtad absoluta» ante su nuevo mandato, que la oposición insiste en catalogar como ilegal.
El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, leyó un comunicado junto a una parte del Alto Mando militar en el que además rechazó el «entreguismo» por el que acusó a dirigentes opositores, a los que señaló como traidores a la patria por presuntamente alentar actos hostiles contra el Gobierno chavista, en el poder desde 1999.
Maduro ganó por amplio margen y en medio de alta abstención los comicios presidenciales de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerar que el llamado era fraudulento y estar, al tiempo, inhabilitados o presos sus principales líderes, como Henrique Capriles o Leopoldo López.
Varios gobiernos de América y Europa han advertido que no reconocerán el nuevo Gobierno de Maduro, señalado ya por algunos como un régimen dictatorial bajo el cual el país petrolero entró en su peor crisis económica.
Pero Maduro ha señalado que no aceptará «chantajes» al respecto y que jurará un nuevo mandato junto a los militares, el pueblo y los países de la comunidad internacional que lo respaldan, como Turquía, Cuba o Nicaragua.
También ayer, el Supremo venezolano convocó a Maduro para investirlo, en un acto que el chavismo ha dicho será una «fiesta nacional».
El presidente del máximo tribunal, Maikel Moreno, dijo que el líder chavista no tomará juramento ante el Parlamento, como indica la Constitución, por encontrarse este foro en «desacato».
Los magistrados acordaron convocar a Maduro para el día 10 de enero a las 14.00 GMT «a los fines de ser juramentado como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2019-2025», dijo Moreno en una alocución que fue transmitida por el canal multiestatal Telesur.
El Supremo declaró a la Cámara en desacato apenas semanas después de que el antichavismo se hiciera con la mayoría de los escaños a principios de 2016 y desde entonces Maduro no rinde cuenta a los diputados en tanto que el resto de los poderes públicos, cercanos al Ejecutivo, no toman en cuenta las decisiones del Legislativo.
Esta situación «imposibilita que el ciudadano Nicolás Maduro, presidente electo y en funciones lo haga (el juramento) ante ese Parlamento nacional», dijo Moreno.