El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, descartó este miércoles una posible renuncia de todos los magistrados, ya que no puede haber un «vacío de poder» y que la prórroga en sus cargos es «legal y constitucional».
Los sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) realizaron varias marchas y protestas en la ciudad de Sucre, la capital del país, donde se encuentra el Órgano Judicial, en rechazo a la prórroga de los magistrados, pero también en contra de una resolución en la que determinaron que la reelección indefinida no es un derecho humano.
Ante esta situación, hasta ahora cuatro magistrados renunciaron a sus cargos, uno del TCP, otro del TSJ y el martes se alejaron dos magistradas del Tribunal Agroambiental.
«No es posible pensar en dejar un vacío de poder, en este caso del Órgano Judicial, porque eso precisamente rompería la institucionalidad, generaría vacíos a los derechos y garantías de las personas cuya protección se encomienda al Tribunal Supremo de Justicia», manifestó Jaimes a los medios en una conferencia.
Recalcó que «de ninguna manera es posible pensar en una renuncia» y que deben cumplir con la resolución constitucional que es de carácter «vinculante» que los magistrados emitieron y que dispone la continuidad de sus funciones a pesar de que ya cumplieron con los seis años en esos cargos, el máximo tiempo establecido.
Jaimes consideró que esta prórroga es «absolutamente legal y constitucional» y que se ha conocido varios puntos de vista al respecto en las que «prevalecen lo político por encima de los jurídico», pero que encima de las normas y reglas están los «valores supremos que rige el Estado» que «oriental al resto del conjunto de normas constitucionales».
«La interpretación que debe hacerse y se ha hecho, en este caso por el Tribunal Constitucional, es una interpretación suprema, es una interpretación vinculante de la cual no es posible sustraerse, corresponde acatar», recalcó Jaimes.
En esa resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) también indica que el presidente y vicepresidente solo pueden ser electos y ejercer el mandato por dos períodos, ya sean continuos o discontinuos, lo cual impediría a Morales a ser candidato en las elecciones generales de 2025 en busca de su cuarto mandato.
Los sectores afines a Morales anunciaron un bloqueo de carreteras desde este miércoles, pero dieron 72 horas más a los magistrados para que todos renuncien a sus cargos y que se aprueba una ley corta para que se convoque a las elecciones judiciales, caso contrario el lunes comenzarán las medidas de presión.
Antecedentes
La Constitución, vigente desde 2009, introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Consejo de la Magistratura, con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votaron nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir a jueces afines al oficialismo.
Los nuevos comicios debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, de mayoría oficialista, ante lo cual, el TCP decidió prorrogar su mandato y el de otros magistrados para evitar un «vacío de poder».
El Gobierno de Luis Arce indicó que Morales intenta «convulsionar el país» y que la solución es que la Asamblea Legislativa llegue a un consenso para lanzar lo más antes posible la nueva convocatoria para las elecciones judiciales.