La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció este viernes amenazas de tomas de tierras donde se producen alimentos en medio del conflicto por el censo de población Santa Cruz.
La entidad, que agrupa a unos 14.000 productores cruceños, el 80 % de ellos pequeños, sostuvo en un comunicado que es «injusta la inacción de las autoridades» para proteger predios productivos en Santa Cruz.
«A la casi nula acción de desalojo de predios avasallados, ahora tenemos que sumar las amenazas públicas de toma de propiedades que producen alimentos estratégicos en el municipio de San Julián y en otras zonas de nuestro departamento, sin que ninguna autoridad se pronuncie firmemente al respecto», criticó la Anapo.
La asociación consideró que esto «daña la imagen del país» como receptor de inversiones en la producción de alimentos y también la «credibilidad del Gobierno nacional».
Los productores rechazaron «cualquier intento de toma de propiedades agropecuarias» y exigieron que el Estado cuide y garantice los derechos de propiedad, vida y trabajo de los agricultores.
La Anapo pidió a sus asociados «serenidad» para «no caer en provocaciones que solo buscan crear una mala imagen de la noble tarea de producir alimentos en el agro cruceño y generar una situación de caos que el país y la sociedad boliviana no buscan».
Además expresó su respaldo a la realización del censo de población y vivienda «como un mecanismo de planificación del desarrollo» y como una «obligación legal del Estado que debe implementarse cada diez años».
En el este y la Amazonía de Bolivia, principalmente en Santa Cruz, se vive una permanente tensión por la tenencia de tierras que enfrenta a sectores locales con aquellos que provienen de otras zonas, algunos identificados como afines al oficialismo.
El problema por la tierra ha hecho que incluso varias poblaciones indígenas de tierras bajas, como se llama a las zonas amazónicas, orientales y al Chaco, protesten por la invasión de sus territorios por parte de grupos provenientes del occidente del país a los que acusan de asentarse ilegalmente para luego vender esos terrenos.
Santa Cruz lleva siete días en huelga para exigir que el censo de población se realice en 2023.
La consulta nacional estaba prevista inicialmente para noviembre próximo, pero el Gobierno de Luis Arce la aplazó a 2024 argumentando problemas técnicos.
Sindicatos y organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) han intentado frenar con violencia la huelga en Santa Cruz e incluso iniciaron un «cerco» con bloqueos de carreteras para aislar a la región e impedir el ingreso de alimentos a su capital.
Estos sectores también bloquean el paso en instalaciones de la petrolera estatal, lo que ha impedido el normal abastecimiento de combustibles y gas domiciliario en la ciudad y advirtieron con tomar cooperativas de servicios y empresas privadas acusándoles de supuestamente financiar la huelga para desestabilizar al Gobierno de Arce.
El Gobierno suspendió temporalmente las exportaciones de carne, azúcar, soya y sus derivados como «medida preventiva» ante un eventual desabastecimiento del que responsabiliza a los sectores en huelga.