La economía nacional no está para experimentos ni para determinaciones demagógicas que pongan en riesgo la estabilidad, la producción y el empleo, que dependen de precarios factores que deberían ser reforzados en lugar de debilitarlos. Ahora la obligación de un aumento salarial se suma a la escasez de dólares que impide importar suministros básicos, a la caída del ingreso de divisas, la baja en la producción -no solo del gas sino de varios rubros- y la intranquilidad política y social, entre otras debilidades que asolan a los productores, empresarios y generadores de la iniciativa privada. Representa un grave impacto para el país, asumir las consecuencias de la decisión del gobierno de fijar un incremento del 5,85% al salario mínimo nacional y del 3% al haber básico para la presente gestión. Pese a que el presidente Luis Arce Catacora reconoció que «hay que preservar las fuentes laborales, preservar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias» y que el país necesita inversiones en minería, plantas industriales y otras tareas para generar más ingresos con una economía industrializada, se cedió ante la demanda de la COB para un aumento en los sueldos. El incremento será retroactivo al mes de enero y ahora el salario mínimo se elevó a 2.500 bolivianos.
Diferentes medios de comunicación dieron amplia cobertura a las reacciones de los sectores económicos afectados por la decisión del gobierno. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió de consecuencias muy graves. «Esta determinación, que se asume en un escenario de amenazas sobre la economía nacional, tendrá consecuencias muy graves para la estabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas en la mayoría de los departamentos del país, y agravará la situación de los cientos de miles de familias cuyos ingresos dependen de la actividad privada formal», señala en un comunicado la CEPB. Sostiene que «siempre» se cumplió con la ley y esta no será la excepción, empero, alertó que para muchas unidades productivas será muy difícil cumplir con un aumento que además de ser elevado, tiene la carga de retroactividad».
La Confederación también expresó su alarma al considerar que los porcentajes del incremento salarial están por encima del índice de inflación del año 2023 y que no guardan relación con la productividad ni con las perspectivas de crecimiento para la gestión 2024″. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que la tasa de crecimiento de la economía de Bolivia prevista para este 2024 es de 1,6 %, menor al 2 % que será el promedio general de Latinoamérica. Para 2025, el FMI espera que el PIB se sitúe de nuevo en 2,2% en Bolivia. Los empresarios también lamentaron que «una vez más, como sucedió en los últimos años, se haya excluido al sector privado del análisis de los efectos que puede tener un incremento salarial desproporcionado sobre los costos que asumen las empresas».
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) expresó preocupación por las consecuencias del aumento salarial. El presidente de esa entidad, Luis Laredo calificó a la medida como un «sablazo», afirmando que el incremento salarial anunciado es el golpe de gracia para las medianas, micro y pequeñas empresas de Cochabamba. Más del 80% del empleo formal en Cochabamba lo genera la pequeña empresa, aproximadamente el 19% la mediana empresa y menos del 1% las grandes empresas», afirmó Laredo. Entre ellos, la caída de la productividad y competitividad nacional; la capacidad productiva de Bolivia disminuirá del 63 % al 58 %, mientras que el coeficiente de industrialización a nivel nacional caerá del 16,27 % a un 13,75 %, lo que afectará la producción de alimentos, bebidas y otras industrias. Se estancará el empleo formal. También temen un incremento de la inflación de más del 5 %, así como una pérdida del 1 % en el aporte del PIB Además, se prevé una disminución en la competitividad y una caída de la inversión privada en más de 1.000 millones de bolivianos, lo que podría resultar en el cierre de empresas y la migración hacia la economía sumergida.
Desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo de Santa Cruz (Cainco) también se observó el incremento salarial al cual se lo consideró de «agresivo con base en fundamentos políticos y no económicos»… «Los riesgos de continuar bajo esta lógica agresiva, política y alejada de la realidad traerán efectos adversos, difíciles, y quizás imposibles de revertir, que ningún incremento salarial podrá solucionar sino nos sinceramos sobre aspectos estructurales», señaló la Cainco. Añadió que el incremento salarial es «anecdótico» si cada día son menos las fuentes de empleo, si se sigue desalentando y acorralando al que apuesta por la fuerza laboral y si sigue «haciendo política alejada de la realidad».