El Silala acaso será ¿un obsequio? es la interrogante del pueblo. El presidente Evo Morales Ayma al parecer no fue bien asesorado sobre un principio básico de las relaciones exteriores de un Estado, aquel que dice: «Nunca afirmar ni negar nada si no es compatible con los intereses del país».
Recientemente, refiriéndose al conflicto por el Silala, afirmó: «El agua es un derecho humano», admitiendo uno de los argumentos de la demanda chilena. Efectivamente existe una resolución que aprobó la ONU, a petición de Bolivia el año 2010, por la cual se consideró «como un derecho humano básico el acceso al agua potable». Pero, en el caso del Silala no se dirime un derecho humano al agua, sino a un derecho propietario de Bolivia de dichos manantiales.
Con su declaración el Presidente Morales cede en el fundamento de la argumentación boliviana que «el Silala es propio de Bolivia y no un río de curso internacional». Que si el agua, es un derecho humano, en el caso, desviado y aprovechado por Chile debe pagar por su uso.
Luego, el mandatario, jefe del MAS, dijo y pidió al Gobierno de Chile que es conveniente ir resolviendo vía diplomática el conflicto, debilitando la posición del país ante la opinión de los jueces de la Corte Internacional de Justicia.
El gobernante de Chile se pronunció al respecto, dio a entender que no accederá al diálogo por estar seguro de sus argumentos y porque hay otro juicio previo por resolver.
Lo preocupante, para los bolivianos, es que se haya manifestado que «no se presentará una contrademanda sino una simple respuesta a Chile ante la CIJ». ¿Será que en la misma (respuesta) se pida a la CIJ obligue a Chile negociar de buena fe sobre el caso? ¿Qué consistencia jurídica tendría una «respuesta» ante dicha competencia? ¿Por qué asumir una posición defensiva, que favorece a las pretensiones del gobierno chileno, si los derechos históricos, jurídicos, geográficos, hidrográficos nos respaldan? A pesar del asesoramiento que pudiera haber recibido el Presidente, ningún connacional debe olvidar que los agredidos somos los bolivianos y por tanto para emitir declaración sea el Mandatario, Canciller, Agente Diplomático, sobre el fondo de las demandas planteadas ante la Corte Internacional de Justicia aun no concluidas, que enerve (anule) la posición boliviana, expresada en foros y eventos nacionales e internacionales que el Silala no es un río internacional, previamente se debe consultar al pueblo.
Cabe señalar que el Agente Diplomático acreditado ante la CIJ en la demanda que se sustenta contra Chile y de éste contra Bolivia, así como el Presidente del Estado, Canciller, tienen el deber de informar al pueblo sobre el curso o estado en que se encuentra las acciones jurídicas, pero de ninguna manera hacer público sobre cuál es la estrategia jurídica (no contrademandar) que directa o indirectamente la parte contraria podría considerar favorable a su interés demandado y la puede ofrecer como prueba ante la CIJ.
La naturaleza técnico jurídica de una Demanda no es la misma que la de una Defensa; incluso, por la percepción inicial que de la demanda adquieren los jueces. En la demanda, Chile afirma «que el Silala es un río internacional» y si el Estado boliviano no desmiente ello y el gobernante se limita a dejar que el juicio prosiga, presentando simplemente una contra memoria, su actitud daría lugar a que se interprete que se estuviera dando la razón a la tesis chilena. Una contrademanda, posibilita presentarse como parte acusadora. Sirve para explicar que Chile no tiene la razón en lo que demanda y, por el contrario, se presenta otra versión de los hechos.
Cuando uno tiene de su parte la fuerza de la verdad, es necesario recuperar la iniciativa pasando a la contraofensiva. La defensa de los derechos nacionales no se debe ceder, ni siquiera dar muestra de ello. Si el Presidente de Bolivia decide, de mutuo propio, no contrademandar a Chile, sin antes haber consultado al soberano, al pueblo, por ser un tema de Política de Estado, es señal que él ha considerado que la posición de Chile sería difícil de rebatir.
Es urgente que la Asamblea Legislativa- oficialismo y oposición-, pida al canciller Huanacuni explicaciones, de inmediato, sobre el por qué no se quiere contrademandar, dejando en indefensión la verdad que asiste a Bolivia, en sentido que «el Silala no es un rio internacional».
Si el caso se obstaculiza en la ALP por parte de algún o varios miembros del oficialismo, es deber de la oposición interpelar al citado servidor público, de lo contrario las páginas de la historia nacional los juzgara a todos.
Cabe puntualizar que Chile, si no hay contrademanda, pedirá a la CIJ emita fallo declarando probada su demanda y si les es favorable, en consecuencia, la presente y posteriores generaciones de bolivianos difícilmente podrían argumentar y oponerse a la geopolítica chilena. Los bolivianos tenemos que saber el por qué no se asume la defensa jurídica del Silala como aconseja el buen derecho, siendo política de Estado preservar los recursos estratégicos de Bolivia, como manda y ordena la Constitución Política del Estado Plurinacional.