Llegó a su fin el caso terrorismo, que derivó en el asalto al hotel Las Américas el año 2009, donde murieron tres extranjeros y desató la detención y persecución de varias personas y dirigentes políticos, acusados de alzamiento armado y de pretender dividir al país. El proceso se mantuvo con una serie de irregularidades, pese a que se demostró que todo fue un montaje del gobierno del MAS para desarticular a los líderes de la oposición, especialmente a la corriente autonomista cruceña. Los propios testigos del régimen pasado, vinculados a los hechos, confirmaron la manipulación judicial y revelaron detalles de la falsedad de la acusación.
Después de once años, la Fiscalía determinó retirar la acusación, luego que el gobierno de transición, mediante el Ministerio de Gobierno, había desistido de los cargos. Ante el desistimiento y retiro de la acusación, el Tribunal dictó sentencia absolutoria en favor de los 39 acusados incluyendo a los seis que se sometieron a juicio abreviado. Recordemos que el proceso se inició luego del asalto al hotel Las Américas, en abril de 2009, cuando la Policía acusó a un grupo de extranjeros, entre ellos los croatas Michael Martin Dwyer y Árpád Magyarosi; al boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, y de otros extranjeros y nacionales, de formar parte de un supuesto plan que tenía como objetivo armar una guerra civil para dividir Bolivia y acabar con la vida del entonces presidente Evo Morales.
Por esta causa se inició un proceso contra 39 personas, incluidos empresarios y líderes cívicos. Algunos incluso pasaron cerca de una década en la cárcel, como es el caso de Zvonko Matkovic Ribera, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, estos últimos salieron en libertad hace casi dos meses. Sobre el caso, tanto abogados como los acusados manifestaron a lo largo de los años que el caso había sido un montaje. Sixto Fernández y Elena Gemio, jueces técnicos del caso, fueron denunciados por los abogados de los acusados ante la Fiscalía por malversación de fondos, daño económico al Estado y otros delitos. Durante el proceso se descubrió una serie de hechos que mostraban la falsedad de las acusaciones y la forma como se manipuló mediante testigos pagados. El caso de «el viejo», testigo del gobierno, es sugestivo porque reveló actos que demostraban el terrorismo de Estado. Después que «el Viejo» diera su versión, mediante un audio se revela que el gobierno le pedía que se vaya al exterior por su seguridad, y le ofrecía dinero.
Otro hecho notable fue del fiscal Sosa, que fue el primero en sostener las acusaciones contra los supuestos terroristas, pero al final reconoció que no existían elementos de juicio para la causa, y que el gobierno había presionado para llevarlo adelante. El exfiscal, que fugó a Brasil, en una carta revela que durante la investigación por el caso terrorismo «corrió sobornos, compra de testigos y presiones para incluir, sin pruebas, a líderes cruceños». Otro elemento que desahuciaba ya la causa fue la declaración de Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior y exfuncionario del Ministerio de Transparencia Institucional, luego de ser detenido por presuntos actos de corrupción, afirmó que el caso terrorismo «fue armado y sin pruebas» por el gabinete jurídico, con la finalidad de descabezar a los entonces líderes cívicos como Branko Marinkovic, Alberto Melgar y a otros dirigentes.
Al final después de más de una década de manipulaciones en el sistema judicial, se llegó a una conclusión. «Los fiscales de la comisión del caso terrorismo han determinado solicitar el retiro de acusación en razón de varios elementos: renuncia de las juezas ciudadanas, sentencia que ha merecido el exfiscal Marcelo Sosa, el retiro de acusación particular de parte del Ministerio de Gobierno y la denuncia que se ha interpuesto contra el exministro de Gobierno, Carlos Romero», explicó el fiscal Marco Rodríguez.